¿Debe el Estado convertirse en heredero de los mexicanos?

En días recientes, las declaraciones de la ministra Lenia Batres sobre la conveniencia de gravar las herencias reabrieron un debate que durante décadas había permanecido prácticamente ausente en México. 

Más allá de que hoy no exista una iniciativa formal para crear un impuesto federal a las herencias, la sola discusión obliga a formular una pregunta de enorme trascendencia:

¿Cuánto vale realmente el patrimonio de los mexicanos y qué significaría que el Estado decidiera participar en su transmisión de una generación a otra?

La respuesta comienza con un dato elemental: 

El patrimonio privado de un país no se construye en un sexenio ni en una generación, 

Es el resultado de décadas de trabajo, ahorro, inversión, emprendimiento y sacrificio de millones de familias.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

En México existen 35.2 millones de viviendas particulares habitadas. 

A ellas deben añadirse millones de locales comerciales, edificios industriales, oficinas, hoteles, terrenos urbanos, ranchos, parcelas agrícolas, maquinaria, vehículos, cuentas bancarias, inversiones financieras, acciones de empresas y derechos patrimoniales de toda naturaleza.

Los Censos Económicos 2024 del propio INEGI registran más de siete millones de establecimientos económicos en operación, mientras que el Censo Agropecuario 2022 contabiliza 2.84 millones de unidades de producción agropecuaria. 

Todo ello constituye parte de la riqueza nacional construida principalmente por particulares.

No existe una estimación oficial del valor agregado de ese patrimonio. 

Sin embargo, diversos estudios sobre riqueza de los hogares y patrimonio privado permiten inferir que el capital acumulado por las familias mexicanas asciende a varias decenas de billones de pesos. 

Es decir, estamos hablando del mayor acervo económico del país fuera del patrimonio público.