Pero, de no ocurrir algo extraordinario, el juez Mario Elizondo confirmará la permanencia del exgobernador de Guerrero en el penal de alta seguridad del Altiplano, vinculado por desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia.
Porque el juez difícilmente se atreverá a jugarle las contras a la fiscal Ernestina Godoy y a la presidenta Sheinbaum.
A determinar que la incriminación no se funda en análisis científicos ni evidencias tecnológicas y que carece de sustento para imputar a Aguirre haber ocultado y destruido, de manera dolosa y deliberada, unos videos que aportarían poco o nada sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Lo que parece dominar la acusación son las versiones de dos mujeres que dejaron la cárcel tras ofrecerse como testigos colaboradores.
Una de ellas, la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, contradiciendo por completo lo que declaró en principio y afirmando ahora que la orden de destruir los videos provino del exgobernador.
Justo lo que la fiscal requiere para engarzar su segundo preso de alto perfil en el verano, después de Ernesto Ruffo.
Dos presos que encajan a la perfección en la narrativa del régimen.
