El 5 de octubre lo sacaron por la fuerza del bar Terraza Valentino, en Mazatlán.
El copropietario, Ricardo Velarde, era entonces secretario de Economía del gobierno de Sinaloa.
Fue separado del cargo, sin que se le haya fincado responsabilidad alguna.
Aunque desde un inicio existe una reconstrucción consistente —Carlos Emilio fue sometido en los baños y sacado del lugar por al menos dos personas—, las investigaciones policiales y ministeriales no han conducido a nada.
La señora Brenda, madre del joven, lleva un semestre denunciando la pobre colaboración oficial: en los hechos, las autoridades se habrían negado a actuar y cooperar.
Ésa es, precisamente, una de las dos premisas en las que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU basó su acusación contra México: un país donde “se han cometido y siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.
El de Carlos Emilio apunta a ser un ejemplo puntual.
Sobre la otra premisa —que las desapariciones son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado—, el propio reporte presentado por el gobierno la semana pasada reconoció al menos 43 mil 128 personas desaparecidas con nombre y apellido.
Si se hace una búsqueda entre varios de estos casos, se encontrarán señalamientos reiterados de participación o negligencia de las autoridades.
Como en el de Carlos Emilio.
Pero se entiende que el gobierno de México descalifique este trabajo de la ONU y lo tache de tendencioso.
