El rechazo de Sheinbaum al informe del Comité de Desaparición Forzada (CED), reflejó su desconocimiento de éste, los mecanismos de Naciones Unidos y la Convención en la materia.
Expertos en derechos humanos y el presidente del CED respondieron a Sheinbaum.
El presidente del CED, el abogado ecuatoriano Juan Pablo Albán, enfatizó su respeto a la soberanía de México.
Subrayó que los miembros del Comité son elegidos por los Estados miembros y actúan con independencia.
Dijo que el análisis del CED no se limita a un periodo (la presidenta argumentó que habían extrapolado conclusiones del periodo 2009-2015, lo cual es evidentemente falso), y que la decisión de enviar el tema con carácter urgente a la Asamblea General de la ONU “examina la evolución de la situación” desde 2012 hasta la actualidad.
Finalmente señaló que el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación, cuestionable.
¿Cómo salir de la trampa?
- Reiterar el respeto al trabajo de los órganos de supervisión de derechos humanos del sistema de la ONU.
- Reconocer que, pese a los esfuerzos realizados, la problemática de la desaparición forzada en México se ha extendido y mostrar la disposición de México a la cooperación internacional en la materia, tanto a nivel técnico, como financiero y de acompañamiento.
- Ante la poca exitosa experiencia internacional en la materia, lo que se haga en México, podría ser ejemplo. Los antecedentes de Bosnia Herzegovina y Colombia tuvieron limitaciones.
- La cooperación en lugar de analizar caso por caso, debería aproximarse a la problemática de manera comprehensiva. Enfocarse por un lado a fortalecer la Comisión y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas para lograr una base de datos única con la articulación de los tres niveles de gobierno, que incorpore no solo denuncias de desaparición sino incluya y examine los cuerpos no identificados en las morgues, los encontrados en fosas clandestinas.
- Dar prioridad al fortalecimiento del aparato judicial, tanto en las fiscalías como en los juzgados. Si el sistema judicial estaba en crisis desde hace años por la creciente impunidad, la reforma judicial lo debilitó y perdió credibilidad difícil de recuperar. Vincularlo con la lucha contra el crimen organizado.
- Solicitar financiamiento para fortalecer soluciones tecnológicas, enfatizando la relativa a identificación vía ADN de los familiares de los desaparecidos. Debe acompañarse de un sistema de protección de datos robusto. Existe un sistema de extracción genética en la FGR obtenido con cooperación internacional, al cual le faltan recursos.
- Apoyar a los movimientos y organizaciones de familiares de desaparecidos. Recibirlos en Palacio Nacional, escuchar sus experiencias y prioridades, integrarlos, como se ha planteado, al Sistema Nacional de Búsqueda.
El actual gobierno y los anteriores defendieron una imagen falsa de México, proyectando que no pasaba nada.
Es momento de cambiar de estrategia y táctica.
México podría presentar ante la Asamblea algunas de estas propuestas y otras que expertos en el tema y organizaciones de la sociedad civil añadan para encarar seriamente la dolorosa situación de las víctimas de la desaparición forzada, garantizar su derecho de acceso a la verdad, la reparación del daño y la no repetición.
