El descarrilamiento que nadie quiso ver
Es un documento diseñado no para explicar una tragedia, sino para administrarla políticamente.
Un informe que confirma, con una frialdad burocrática casi cínica, que en México la incompetencia ya es política de Estado.
La FGR presume como gran hallazgo los gráficos de la caja negra de la locomotora activa del convoy, es decir, nos explican —con lujo de tecnicismos— qué pasó segundos antes del descarrilamiento.
Lo que no explican, ni les interesa explicar, es por qué el sistema permitió que un tren de pasajeros circulara como si esto fuera un experimento improvisado, la caja negra no revela negligencia, revela encubrimiento por omisión.
El exceso de velocidad es presentado como el gran villano de la historia, una coartada perfecta.
Porque reducir una tragedia sistémica a un pedal mal pisado es el truco más viejo del manual gubernamental, la velocidad no mata por sí sola, mata cuando se combina con vías obsoletas, trenes incompatibles y una administración incapaz.
Los coches DOMO —largos, pesados, diseñados para planicies — jamás debieron circular sobre una infraestructura ferroviaria cuya ingeniería data de 1907, a 65 km/h o a 50 km/h, el descarrilamiento no era una posibilidad: era una probabilidad estadística esperando su turno.
Pero el absurdo no termina ahí.
En su exposición, la fiscal deja claro —sin decirlo abiertamente— que el Tren Interoceánico opera sin un sistema efectivo de Control de Tráfico Centralizado (CTC), y conviene subrayarlo: el CTC no es tecnología de vanguardia, es el piso mínimo de seguridad ferroviaria desde hace décadas.
Sin CTC no hay monitoreo en tiempo real, no hay alertas automáticas, no hay corrección inmediata de errores humanos y con gran desparpajo la Godoy afirma, el tren llegó hasta 111 kilómetros por hora, lo que hay es fe, fe en que nada salga mal, y cuando todo sale mal, se culpa al último de la fila.
Hoy supimos que el maquinista, Emilio Erasmo Canteros Méndez — convenientemente prófugo— conducía como si la vía fuera una pista de carreras.
Pero la pregunta incómoda es otra, ¿cómo es posible que nadie lo detuviera? ¿Dónde estaban los sistemas de control, las alertas, la supervisión centralizada? En cualquier país con un mínimo de seriedad ferroviaria, ese tren jamás habría alcanzado una velocidad peligrosa sin que saltaran alarmas.
Aquí no saltó nada, porque no había nada que saltara.
El escándalo crece cuando se revela que dos miembros de la tripulación no contaban con licencias ni credenciales certificadas, aun así, la administración del Tren Interoceánico —bajo el control de la Secretaría de Marina— les confió la vida de 250 personas.
Marinos administrando ferrocarriles civiles sin controles civiles, sin estándares civiles y, al parecer, sin responsabilidad civil, y la fiscal Godoy, obediente al guion, evita cuidadosamente mirar hacia arriba en la cadena de mando, no vaya a ser que la responsabilidad salpique uniformes.
La omisión más reveladora es la inexistencia de un departamento de recursos humanos funcional.
El personal no sabe qué le toca hacer porque nadie se tomó la molestia de definirlo, entre los detenidos está un “Despachador de Trenes”, figura clave cuya función es coordinar la circulación, mantener comunicación constante, gestionar emergencias y resolver incidencias.
Según la propia narrativa oficial, en esta corrida no hizo nada de eso, no porque no quisiera, sino porque el sistema está diseñado para no funcionar.
Lo mismo ocurre con el conductor a bordo del convoy, responsable de supervisar la ruta, registrar irregularidades y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.
Alguien que viaja dentro del tren necesariamente debió notar el exceso de velocidad, pero en este modelo de país, ver no implica actuar, y actuar implica meterse en problemas.
Mejor callar, mejor obedecer, mejor sobrevivir.
Y así llegamos al desenlace esperado: dos empleados detenidos y uno prófugo, la culpa encapsulada y el expediente cerrado.
La 4T y la SEMAR creen que la justicia funciona como fusible, se quema uno y el sistema sigue operando, no hay responsabilidades para los altos mandos, no hay consecuencias para quienes decidieron meter trenes reciclados en vías centenarias, no hay sanción para quienes administran infraestructura civil como si fuera cuartel.
El accidente del Tren Interoceánico no es un error humano, es un proyecto político ejecutado con desprecio por la técnica, la experiencia y la vida humana.
Es la consecuencia natural de militarizarlo todo y responsabilizar a nadie, hoy murieron 14 personas, mañana será otra obra, otro tren, otro “incidente aislado”.
Lo verdaderamente demoledor no es el descarrilamiento.
Lo demoledor es saber que el Estado mexicano ya normalizó la tragedia como daño colateral del discurso, que la improvisación se viste de soberanía, la negligencia de transformación y la muerte de aprobación en las encuestas.
Y mientras no haya consecuencias para quienes toman las decisiones, el próximo accidente no es una posibilidad:
