
El mismo día en que “la nueva justicia mexicana” exoneró a Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración, por los 40 migrantes quemados vivos en una estación migratoria de Ciudad Juárez, la presidenta tronó contra el gobierno de Jalisco.
“No puede ser que las fuerzas del orden torturen a ninguna persona”, dijo la presidenta Sheinbaum e indicó que las muy autónomas CNDH y la Fiscalía General de la República tomaran cartas en el asunto, como en efecto lo hicieron.
La policía de Jalisco usó chorros de agua y bombas lacrimógenas contra quienes se manifestaban por el pésimo estado del agua en Guadalajara, y Gobernación reportó que algunos de los jóvenes “presentaban lesiones físicas visibles y golpes en el cuerpo al momento de salir de su detención”.
- Es compartible la indignación de la presidenta.
- Lo que no es compartible es su indignación selectiva.
“La nueva justicia mexicana” exoneró al exdirector de INM Francisco Garduño del delito de ejercicio indebido del servicio público y omisión de obligaciones.
El argumento fue que se cumplieron las medidas de reparación de los daños, algo que rechazan las familias de las víctimas de los 40 migrantes que murieron calcinados en una jaula de Migración en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023.
¿En qué se basó el juez para dejar inmaculado al responsable político y administrativo de la salvajada en Ciudad Juárez?
Se basó en que los familiares de las víctimas fueron indemnizados con 246 millones de pesos.
Es decir, con dinero de los ciudadanos (contribuyentes), el gobierno federal liberó de cargos a los funcionarios morenistas responsables de que 40 migrantes centroamericanos murieran quemados vivos en una cárcel ilegal. Una jaula, como bien lo describió ayer Julián Andrade en La Aurora.
Carpetazo a una masacre, con dinero (ajeno).
Para nuestros gobernantes, que en los discursos presumen de humanistas, el asunto quedó saldado con billetes.
Mientras haya memoria, no será así.


