EEUU destina 410 millones de dólares para externalizar la recepción de migrantes deportados
Esta estrategia de deportación a "terceros países" se opera desde la Oficina de Remigración, un organismo creado el año pasado en el Departamento de Estado bajo la dirección del diplomático de carrera Christian Ehrhardt.
De la bolsa total asignada:
- 81 millones de dólares corresponden a transferencias directas a 13 gobiernos extranjeros.
- 179 millones de dólares se dirigieron a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
- 124 millones de dólares se canalizaron a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Aunque estos recursos se presentan formalmente como asistencia humanitaria, su negociación ha estado condicionada a la firma de los acuerdos de traslado.
Fuentes vinculadas a los contratos señalan que el esquema se estructuró para eludir los filtros regulatorios del Congreso estadounidense en materia de ayuda exterior y garantías de derechos humanos.
Giro en la política institucional
La Oficina de Remigración reemplaza las funciones tradicionales del Buró de Población, Refugiados y Migración, transformando su enfoque histórico de reasentamiento interno hacia la expulsión hacia terceros países.
El uso del término "remigración" causó controversias internas por su vinculación con discursos de movimientos nacionalistas en Europa, aunque la cúpula del Departamento de Estado desestimó las objeciones.
El diseño del programa contó con el impulso de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, y Andrew Veprek, encargado de la supervisión de asistencia exterior y asuntos humanitarios.
Disparidad de criterios y reportes de anomalías
Los criterios de admisión presentan marcadas diferencias entre las naciones involucradas:
- Restricciones por origen: Uganda limita el ingreso a ciudadanos de origen africano, mientras que la República Democrática del Congo aplica la norma opuesta.
- Perfil de los trasladados: Estados como República Centroafricana y Esuatini aceptan a personas con historial de delitos graves, a diferencia de Ghana y Sierra Leona, que exigen expedientes limpios.
Diversas denuncias señalan irregularidades en los destinos final de traslado:
- En Guinea Ecuatorial, deportados han sido custodiados en dependencias hoteleras adaptadas como centros de detención, con reportes de agresiones y falta de insumos básicos.
- En Esuatini, acciones legales locales acusan al gobierno de omitir la ratificación parlamentaria del acuerdo y de vulnerar las garantías del debido proceso.
A la fecha, más de 25,000 personas han sido remitidas a al menos 28 países receptores, correspondiendo la gran mayoría —alrededor de 20,000— a retornos hacia México en el marco de entendimientos informales.
Revés legal
Una corte federal de apelaciones ratificó la ilegalidad del programa al determinar que no se otorga a los afectados la notificación adecuada ni el canal oportuno para alegar riesgos contra su integridad en los países de destino.
Se anticipa que la administración elevará la disputa ante la Suprema Corte.
En respuesta general, el Departamento de Estado sostuvo que recurrirá a los mecanismos legales a su alcance para concretar la salida de personas sin estatus de permanencia, mientras que la vocería de la Casa Blanca defendió la terminología empleada como una descripción del retorno normativo.
