La guerra (no tan secreta) de la CIA
El accidente en la Sierra Tarahumara.
En el que murieron el domingo dos agentes de la CIA que estaban colaborando con el gobierno de Chihuahua colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum en una doble encrucijada:
El papel y destino de la gobernadora Maru Campos, que se entrometió en un tema de competencia exclusiva federal, la política exterior, y cómo responder a una intromisión estadounidense por haber realizado operaciones terrestres en territorio mexicano, dejando al gobierno en la oscuridad.
- En ambos casos, la presidenta ha pateado el balón para adelante, ganando tiempo para evaluar, posiblemente, todos los escenarios.
No tiene opciones dentro de la ley.
O actúa contra Campos, o mantendrá abierta la puerta para que, de manera bilateral, gobiernos estatales busquen sus propios acuerdos de seguridad con Estados Unidos.
Y presenta una enérgica protesta al gobierno de Donald Trump, o terminará de perder el control sobre las operaciones off-the-books de las agencias de inteligencia de ese país.
En ambos casos arrastra un déficit, pero puede revertir las pérdidas y recuperar la rectoría del gobierno sobre los asuntos internos.
La muerte de los dos agentes llevó al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.
A una cadena de contradicciones en su explicación de qué hacían ahí, convirtiéndose en el fusible natural para resolver, aunque sea cosméticamente, el diferendo interno.
Campos puede utilizarlo como chivo expiatorio, porque el estatus en el que se encontraba desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cuando firmó un memorando de entendimiento con el gobernador de Texas, Greg Abbott, en abril de 2022, que incluía la cooperación bilateral para reducir el tráfico de fentanilo e implementar un programa con drones e inteligencia artificial en la frontera, expiró.
Con aquel memorando, afirmó el embajador Agustín Gutiérrez Canet, “la panista se salió de control en un tema de competencia federal, como es la política exterior”, que sirvió como antecedente para la participación de los agentes de la CIA en Chihuahua.
“Por ese motivo grave debería ser destituida mediante un juicio político”, agregó.
Sheinbaum lo ha dejado en el aire, señalando que su equipo jurídico determinará si violó la Constitución. Si se aplicara la ley, Campos tendría que ser sujeta a un procedimiento legal en el Congreso estatal que concluyera en su desafuero.
Pero el tamiz que se está aplicando no es legal sino político, por lo que quizás no pase nada.
