El objetivo: desmantelar el régimen
El exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, detenido el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, recibió, dentro de sus primeras 24 horas en el Centro de Detención Metropolitano, cuatro ofertas de la Fiscalía Este de Distrito de Brooklyn para imputar a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón.
También a los procuradores y procuradoras de 1988 a 2018, así como a todos los secretarios de Hacienda y algunos de Gobernación, a líderes del PRI y el PAN, a legisladores y a una decena de dueños de medios y periodistas de colusión con el narcotráfico.
En todas las ocasiones García Luna se negó, pero la Fiscalía no se dio por vencida.
El 10 de diciembre, un día después de haber sido detenido, tuvo una quinta reunión con el titular de la Fiscalía, pero en esa ocasión ya estaba presente una abogada que había contactado el despacho Quinn Emanuel, al que se buscó cuando supieron en México de su captura.
La abogada, que se encontraba en el centro de detención, lo apoyó mientras llegaba de Nueva York Juan Pablo Morillo, el abogado enviado por el despacho. Cuando el fiscal le repitió la oferta, la abogada le recomendó que si era inocente no firmara nada, y García Luna la rechazó una vez más.
Todavía hubo otra reunión más con el jefe de la Fiscalía en Brooklyn frente al abogado Morillo, quien cuando escuchó lo que ofrecía, preguntó por qué el plazo de siete meses en prisión, a lo que el fiscal prometió de inmediato bajarlo a cinco meses.
El fiscal le dijo a García Luna que estaba listo el avión en que llegó para que viajaran a Nueva York una vez firmado el acuerdo y realizar la audiencia donde se declararía culpable y comenzaría a correr el plazo.
