El panóptico digital: modernización como instrumento de control
Durante una conferencia matutina el 24 de abril de 2026.
Sheinbaum declaró que su sueño es eliminar el uso excesivo de papel y la burocracia basada en oficios físicos, transitando hacia un sistema digitalizado que agilice los procesos gubernamentales.
Toda promesa de modernidad merece ser estudiada y cuestionada, cuando un gobierno anuncia que eliminará el papel, la burocracia física y los "oficios" para dar paso a procesos digitales, la pregunta no es si la tecnología puede lograrlo —puede— sino a quién sirve realmente esa transformación y quién controlará sus llaves.
El proyecto de gobernanza digital impulsado por la administración federal se presenta como una cruzada de eficiencia:
- Menos trámites
- menos papel
- auditorías más ágiles
- rastros digitales que reemplazarán los expedientes físicos.
La narrativa es atractiva, pero narrativas atractivas son, precisamente, el terreno donde se esconden los cambios de poder más profundos.
Para entender lo que verdaderamente está en juego, es necesario separar dos preguntas que con frecuencia se confunden:
- ¿puede la digitalización mejorar la gestión pública?
Sí, en condiciones adecuadas.
- ¿Es eso lo que ocurre aquí?
Esa es la pregunta que esta reflexion busca responder.
La transparencia como coartada.
El argumento oficial es que un rastro digital es, por naturaleza, más transparente que el papel, se esgrime como justificación la facilidad de auditoría que tendría la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
A primera vista, el razonamiento parece sólido, sin embargo, descansa sobre una confusión deliberada o inadvertida: equiparar la digitalización de datos con la apertura de esos datos.
Un archivo digital puede ser igual de opaco que un expediente en papel guardado bajo llave, con una diferencia fundamental:
Puede ser editado, borrado o bloqueado en milisegundos, sin dejar rastro físico, y puede restringirse su acceso mediante argumentos técnicos —"protocolos de seguridad", "datos sensibles", "sistemas en mantenimiento"— que resultan imposibles de refutar para cualquier ciudadano externo.
La clave de esta transformación no parece residir en eliminar las malas prácticas, sino en centralizar tecnológicamente el control de la información.
La verdadera modernización administrativa no consiste en migrar los procesos al mundo digital, consiste en reformar las estructuras que generan la opacidad.
Si las reglas del gasto discrecional permanecen intactas y solo cambia el soporte en el que se registran, el resultado no es mayor transparencia, sino la misma oscuridad con una interfaz más elegante.
El panóptico y sus guardianes.
El filósofo Jeremy Bentham imaginó el panóptico como una prisión donde un solo vigilante podía observar a todos los presos sin ser visto, Michel Foucault lo convirtió en metáfora del poder moderno, quien controla la información controla la conducta.
La centralización digital que se propone en México —bajo la égida de entidades como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones— replica esta arquitectura, pero en sentido inverso:
No es el ciudadano quien puede observar al Estado, sino el Ejecutivo quien adquiere el control absoluto sobre el flujo de los datos gubernamentales.
En el sistema actual, tan criticado por sus ineficiencias, la fragmentación burocrática tiene una consecuencia no buscada pero real, las filtraciones.
Los documentos físicos, los procesos redundantes y la multiplicidad de actores institucionales crean brechas por donde escapa la información que exhibe irregularidades.
No es un mecanismo de transparencia elegante, pero funciona, al migrar hacia una plataforma centralizada, el gobierno adquiere la capacidad de "curar" la información en tiempo real:
- decidir qué datos existen
- cuáles son accesibles
- y cuáles permanecen técnicamente fuera del alcance del escrutinio externo.
La digitalización sin reforma sustantiva a los procesos no elimina la corrupción, la reemplaza por una versión más eficiente y mucho más difícil de detectar:
Aquella que no deja rastro en papel, que no requiere intermediarios físicos y que puede ocultarse detrás de una interfaz institucional de aspecto impecable.
La erosión de los contrapesos.
Para que una digitalización administrativa sea genuinamente democrática, requeriría de algo que el contexto político actual hace cada vez más improbable:
La vigilancia permanente de un organismo ciudadano autónomo, con acceso irrestricto a los algoritmos que gestionan los datos, capacidad para auditar los sistemas en tiempo real y poder legal para exigir la apertura de las bases de datos.
La tendencia actual apunta exactamente en dirección contraria, la desaparición del INAI —el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos— elimina precisamente ese árbitro independiente.
Sin él, la "llave" de los datos queda exclusivamente en manos de quienes son sujetos de ser auditados, es como encargar al banquero la supervisión de su propio banco, y además quitarle a los ahorradores el derecho de revisar sus estados de cuenta.
Ningún sistema digital es neutro, todo algoritmo tiene a alguien que lo diseña, alguien que lo opera y alguien que decide qué preguntas puede responder y cuáles no.
Si ese alguien es el propio gobierno, sin contrapeso institucional efectivo ni acceso ciudadano real, la arquitectura técnica se convierte en arquitectura de poder.
Habrá quienes, desde una tecnocracia reduccionista, argumenten que la centralización digital es intrínsecamente superior porque sustituye el 'ruido' analógico del papel por la 'inmutabilidad' del código.
Es el refugio de quienes confunden deliberadamente la trazabilidad técnica con la rendición de cuentas política, en el diseño de sistemas, la inmutabilidad es una opción, no un destino, un log de datos es solo tan honesto como el administrador que posee la llave maestra del servidor.
Ignorar que un algoritmo puede ser diseñado con 'puertas traseras' para la opacidad, o que la complejidad técnica puede ser usada como el nuevo muro de Berlín para el ciudadano común, es de una ingenuidad sospechosa.
Defender la modernización administrativa mientras se desmantelan los organismos autónomos de vigilancia no es buscar la eficiencia, es trabajar para automatizar la discrecionalidad y elevar la corrupción a un nivel de sofisticación donde el rastro del abuso sea, por diseño, invisible para el ojo humano.
