Pero luego de siete años de experiencias, cabría esperar que la simulación e impunidad vuelvan a imponerse.
La 4T ha enseñado sistemáticamente que, en casos sensibles, no vale investigarse a sí misma.
La presidenta Sheinbaum anunció ayer una investigación con “mucho rigor” a cargo de la FGR y la Agencia de Transporte Ferroviario.
Puede ser, aunque a juzgar por hechos anteriores, lo probable es que el análisis de registros del movimiento del tren concluya que el operador no cuidó la velocidad en un tramo de curvas y en descenso.
Difícilmente se acusarán problemas estructurales, malos materiales (saltan de nuevo los nombres de los proveedores Amílcar Olán y Pedro Salazar, “ya cuando se descarrile el tren…”) o responsabilidades de mandos de la Marina que planearon la obra, supervisaron contratos y debieron dar seguimiento a su ejecución.
Ir a fondo en un caso de 13 personas muertas y tantas lesionadas por el descarrilamiento de un tren público –que en dos años no ha conseguido transportar siquiera 10% de los viajeros proyectados– tendría que ser un asunto vital en todo gobierno decente.
Incluso en uno que, por doctrina y funcionalidad, no se investiga a sí mismo.
