Le pedí que me explicara cómo operaba el esquema de facturación falsa ligado al huachicol fiscal.
No solo el que se exhibió públicamente en varios estados del país, sino también el que puede tocar a Nuevo León.
Ulises Lara López, el vocero de la Fiscalía, lo explicó en abril —empezó mi contacto, apoyando los codos sobre la mesa—.
Habló de empresas que facturaban operaciones de logística, transporte y almacenamiento de combustible que nunca existieron.
Se habló de más de 40 empresas y de operaciones simuladas por más de $23,000 millones de pesos.
- ¿Qué significa que nunca existieron?
- Que no tenían camiones, no tenían bodegas, no tenían personal, no tenían permisos energéticos, solo tenían papeles del SAT, cuentas bancarias y facturas timbradas.
Probó el café.
—¿Y cómo facturaban si no tenían nada físico? —insistí.
—Porque el delito actual ya no siempre necesita bodegas, a veces le basta una contraseña fiscal, la empresa fachada tiene su RFC, tiene su Certificado de Sello Digital (CSD), no es la e.firma, pero le sirve para sellar facturas electrónicas, con eso genera un CFDI 4.0.
—¿Qué es un CFDI 4.0?
—La factura electrónica oficial que se usa en México, ahí meten conceptos falsos:
- Servicios de transporte de lubricantes.
- Almacenamiento de aditivos.
- Logística integral.
- Maniobras especializadas.
- Nunca ponen “gasolina robada” ni “combustible importado sin pagar impuestos”.
Hizo una pausa para beber su taza y continuó.
—Luego esa factura se manda a un PAC, un Proveedor Autorizado de Certificación.
Es una empresa privada autorizada por el SAT para validar la estructura de la factura y timbrarla, el PAC le agrega el timbre fiscal y le asigna un UUID.
—¿Qué es eso?
—El folio único de esa factura, en segundos, una operación falsa ya tiene apariencia legal.
Bebió otro sorbo.
—¿Y para qué sirve eso en la práctica? —pregunté.
—Para vestir de legalidad el movimiento de combustible que entró al país declarado como otra cosa, aditivos, lubricantes, aceites, productos que pagan menos o que no pagan el mismo IEPS que la gasolina o el diésel.
—Y el IEPS es…
—El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
En gasolina pesa muchísimo, es una parte enorme del precio final, si lo evades, puedes vender más barato, ganar más o ambas cosas.
Dejó la taza sobre la mesa.
—Una vez que el producto ya está en México, alguien tiene que moverlo, almacenarlo o mezclarlo, entonces aparece la empresa fachada.
La gasolinera, el distribuidor, el transportista o el intermediario “contrata” supuestos servicios de logística, la empresa fantasma emite la factura.
El PAC la timbra. El cliente la mete en su contabilidad como gasto deducible, y el dinero que venía de una operación irregular aparece, de pronto, como pago por un servicio legítimo.
Ahí estaba la clave, el huachicol fiscal no solo roba impuestos, convierte un vacío en documento, convierte una fachada en proveedor.
Le pregunté por qué el SAT no lo detectaba antes si esas empresas no tenían infraestructura.
—El SAT no es ciego —respondió—.
- Pero muchas veces llega tarde.
- Primero se emite la factura.
- Luego se cruza la información.
- Luego se detecta que una empresa factura millones, pero no tiene empleados, no tiene activos, no paga impuestos proporcionales, no tiene permisos energéticos, no tiene camiones, no tiene bodegas.
Para cuando la autoridad arma el rompecabezas, el combustible ya se vendió y el dinero ya cambió de manos.