¿Es bueno elegir por voto popular a los miembros del Poder Judicial?
Como mencioné en la colaboración anterior, en este artículo pretendo abordar, someramente, las principales reformas que el Presidente López Obrador turnó al Congreso.
Pero me enfocaré al final en la que considero de mayor interés y trascendencia:
La de someter al voto popular la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación.
Sin entrar a un estudio detallado, empezaré mencionando que algunas de sus propuestas ya están en la Constitución, como la que se refiere al derecho a la alimentación, al medio ambiente sano y a la atención médica gratuita y universal, derechos que ya aparecen en el artículo cuarto en vigor:
- Prohibir el maltrato animal ya está en la Ley General de Equilibrio Ecológico.
- Integrar la Guardia Nacional a la SEDENA, ya lo había hecho, pero lo revertió la Corte.
- Los delitos de extorsión, narcomenudeo y producción y distribución de drogas sintéticas, más que elevarlos a rango constitucional, son materia del Código Penal Federal y estoy seguro de que ya los contempla.
- Bajar la edad de 68 a 65 años para recibir la pensión no contributiva, las conocidas pensiones del bienestar, ya opera en la realidad.
Por otra parte, el convertir el INFONAVIT en constructor y arrendador de vivienda no tiene ningún sentido.
Esto porque entre sus objetivos está, de acuerdo a la Ley que crea dicho Instituto, el de establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente; no construir o arrendar vivienda.
Reducir el número de diputados, senadores y hasta de regidores en los ayuntamientos con la eliminación de los diputados de representación proporcional, forma parte de una reforma electoral que ya había presentado y tampoco prosperó.
Pero lo que es novedoso es la propuesta de reformar el Poder Judicial, achicándolo, sometiéndolo a elección popular y reduciendo sus facultades, el número de ministros y los años que pueden estar en funciones.
Vamos por partes
1. Propone el presidente bajar de once a nueve ministros y eliminar las dos salas que operan en el Máximo Tribunal, para que únicamente funcione el Pleno.
Con once ministros y dos salas, no alcanzan a resolver con prontitud las controversias y acciones de constitucionalidad que reciben.
Como es el caso de la Controversia Constitucional relacionada con la elección del Fiscal General de Justicia del Estado, la cual fue presentada desde el 2022 y apenas fue recientemente resuelta por la Segunda Sala de la Corte.