En la madrugada del lunes, en una de las principales vialidades comerciales de la ciudad, medio centenar de camionetas repartidoras de PepsiCo México fueron consumidas por el fuego.
Estaban estacionadas en la bodega de la empresa.
Las imágenes del incendio son sobrecogedoras.
Los bomberos y cuerpos de rescate evitaron daños mayores. Se cumplen tres días y las autoridades —Protección Civil, la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad y la Fiscalía de Justicia— se limitan a informar que investigan.
Ante la ausencia de una explicación sobre el origen del fuego, proliferó la versión —difícil de etiquetar como inverosímil— de que se trató del castigo impuesto por un grupo criminal dedicado a la extorsión.
Apenas ayer por la tarde, PepsiCo México calificó el incendio de los vehículos como un “incidente”. Y aseguró que, “al momento, no hemos identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión que hayan precedido este evento”.
Para terminar de desdramatizar el “incidente”, afirmó que mantendrán sus operaciones en Tamaulipas.
La voz de PepsiCo, voz de la víctima, sencilla, simple, fue la única que se escuchó. No hay dolor en lo que dice.
