La FGR mantiene abierta la indagatoria sobre los 59 millones de litros de combustible decomisados en Guanajuato
- Durante la Conferencia Mañanera del 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el expediente esté concluido y enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa auditando las licencias y la documentación de la compañía para determinar la procedencia legal del recurso.
Sheinbaum detalló que la titular de la FGR, Ernestina Godoy, le confirmó que los peritajes sobre los permisos siguen su curso.
Por esta razón, las autoridades no descartan la hipótesis de que se trate de hidrocarburo de origen ilícito (huachicol) hasta que concluyan las verificaciones técnicas y administrativas.
Cuestionada sobre la supuesta salida o destitución del delegado de la FGR en la entidad, Juan Francisco Vera Ayala —versión vinculada a presuntas irregularidades en el expediente contra la empresa—, la mandataria omitió hacer comentarios al respecto.
Antecedentes del operativo en la terminal de San José Iturbide
El despliegue federal derivó inicialmente de la detención de un individuo mientras realizaba la descarga de diésel sin acreditar legalmente la propiedad de la carga.
A partir de dicha detención, las autoridades extendieron las inspecciones a una estación de servicio y a un centro de distribución de gas LP en el municipio de Dolores Hidalgo, procedimiento que culminó en la terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide.
- 4 de septiembre: Se ejecutó el cateo en las instalaciones de la empresa.
- 17 de septiembre: La FGR hizo público el decomiso, coincidiendo con la víspera de la visita presidencial a la región, asimismo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) asumió la conducción del caso.
Postura de la empresa y dudas sobre el procedimiento
La postura oficial de la FGR no catalogó explícitamente el hidrocarburo como ilegal, sino que señaló la falta de acreditación inmediata sobre su procedencia.
Por su parte, Grupo Simsa rechaza que el producto provenga de huachicol fiscal y sostiene que el combustible pertenece a clientes que contrataron sus servicios de resguardo.
La firma defendió la transparencia de sus operaciones mediante un comunicado donde afirmó que la terminal opera dentro de los marcos regulatorios vigentes.
Las diferencias entre el informe de la autoridad federal y los señalamientos de la compañía han alimentado versiones periodísticas sobre fallas en la integración de la carpeta de investigación o la posibilidad de un decomiso improcedente.
Reportes locales indican además que la planta de almacenamiento continuó trabajando con normalidad a partir del 10 de septiembre.
