¿Quiénes serán los funcionarios públicos electrocutados en Monterrey por el caso Next Energy?
Y lo que parece un caso local, en realidad podría ser el inicio de algo mucho más grande.
Mucho más incómodo, y mucho más cercano a Monterrey de lo que algunos suponen.
Porque detrás de la acusación hay un patrón.
Un mismo esquema.
Un mismo tipo de contrato.
Y la misma empresa, el mismo dueño.
En Baja California, Bonilla fue imputado después de una audiencia maratónica de más de trece horas.
La Fiscalía sostiene que durante su administración se firmó un contrato con Next Energy para construir una planta solar que abastecería de energía al acueducto Río Colorado.
Suena bien.
Energía limpia, infraestructura moderna, inversión a largo plazo.
El tropiezo consiste en que, cuando se revisaron los documentos —esta columna fue pionera en esa investigación—, el proyecto empezó a desmoronarse.
Tengo en mis manos el impreso del contrato.
Pagos comprometidos por más de $123 millones de pesos, respaldados con participaciones federales, durante hasta treinta años.
¿Hubo licitación pública?
No. ¿Hubo estudios de viabilidad?
No. ¿Se respetaron competencias federales?
No.
La planta nunca se construyó.
El dinero sí estaba comprometido.
Durante meses, parecía que el caso se quedaría en una sanción administrativa.
Un juez fijó seis meses de investigación complementaria y una garantía económica apenas superior a los $100,000 pesos.
Nada que hiciera temblar a nadie, pero la historia no paró ahí.
En diciembre pasado, Bonilla fue inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos por irregularidades en el mismo contrato.
Y ahora le llega la vinculación a proceso.
Lo curioso es que el expediente no se detiene en Baja California.
El principal accionista de Next Energy es el empresario Eugenio Maíz Domene, originario de Nuevo León, quien enfrenta prisión preventiva en Aguascalientes por un caso con características idénticas.
