La presidenta Sheinbaum.
Ha optado por cuidar a gobernadores, alcaldes, funcionarios y miembros del gabinete que son beneficiados, protectores o socios de cárteles, que le heredó López Obrador.
Ahí está el centro del problema que impide frenar o reducir drásticamente las desapariciones forzadas:
La colusión del crimen organizado con los tres niveles de gobierno y el partido en el poder.
Hasta 2018 Morena encabezó el activismo internacional para denunciar en los más altos foros globales al presidente mexicano en turno por las muertes y desapariciones, y exigía castigarlos en el Tribunal de La Haya.
Para los dos presidentes surgidos de Morena, López Obrador y Claudia Sheinbaum, la criminalidad es consecuencia del neoliberalismo.
- Los asesinos son gente del pueblo bueno, inocentes a los que había que abrazar, pues el culpable era el sistema.
- Más de siete años llevan en el gobierno y duplican los asesinatos dolosos y el servicio forense está colapsado con 72 mil cadáveres sin reconocer.
El Comité contra la Desaparición Forzada, de Naciones Unidas, hizo pública la dimensión de la crisis de las desapariciones en México, solicitó llevar el tema a la Asamblea General y ofreció ayuda al gobierno mexicano.
Y los que hace ocho años promovían condenas internacionales contra México, ahora que están en el poder se dicen víctimas del informe de la ONU, niegan los datos y elevan su protesta.
El problema -el más grave que padece el país- creció con Morena porque pasaron de los abrazos a los criminales a hacerlos sus socios.
Sólo en los dos años recientes -el último de López Obrador y el primero de Sheinbaum-, hay 28 mil nuevos desaparecidos, de un total de 132 mil.
En lugar de aceptar la ayuda de especialistas de la ONU, el gobierno se puso en guardia para que no se acerquen al país ni vean las cuatro mil 500 fosas clandestinas encontradas hasta ahora, y mucho menos que indaguen los crímenes de lesa humanidad que aquí se cometen de manera sistemática.
