Judith Díaz y Waldo Fernández —a este último lo releva en su curul Carlos Humberto Suárez, un distinguido hombre de leyes— presentaron solicitud de licencia a partir del 17 de junio.
Se suman al alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, además de perfiles que ya habían dado el paso antes, como la bien enfocada Clara Luz Flores y Tatiana Clouthier.
Todos buscan participar en el proceso interno que definirá al “Coordinador Estatal de Defensa de la Transformación” en Nuevo León.
En la práctica, esta figura disimula quién será el candidato o candidata de Morena, PT y PVEM a la gubernatura de Nuevo León.
No hay vuelta de hoja.
El registro de aspirantes será del 22 al 27 de junio (para Nuevo León, el jueves 25).
No se tolerarán procesos judiciales abiertos, ataques entre aspirantes, espectaculares ni gastos ostentosos.
La definición se hará mediante encuestas y otras evaluaciones de carácter ético (sic), y solo participarán perfiles con “trayectoria positiva”.
Hasta seis aspirantes por entidad podrán llegar a la encuesta final.
Medidas similares a estas tendrán que tomar los aspirantes de otros partidos.
En Movimiento Ciudadano, nombres como Mariana Rodríguez o Luis Donaldo Colosio deberán tramitar licencia para competir en igualdad de condiciones y cumplir con la normatividad electoral.
En el PRI, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, enfrenta el mismo dilema si busca la candidatura (solo o en alianza con el PAN).
De manera que la regla no es unilateral de Morena.
Hasta aquí, todo aparenta un proceso político normal, aunque acelerado.
Pero hay otro plano que casi no aparece.
Es el plano de los datos, la vigilancia y la inteligencia gringa.
Me dice una fuente bien arraigada en la DEA que dos aspirantes al gobierno de Nuevo León serán exhibidos dentro de dos semanas por Washington debido a sus nexos con intereses oscuros.
La información es de hace un par de semanas y me fue confiada en Miami.
Y hay un hecho que casi nadie conoce en Nuevo León, pero que será determinante para la elección de gobernador de 2027.
El pasado 12 de junio de 2026 expiró la autorización legislativa de la Sección 702 de la ley FISA, uno de los instrumentos de vigilancia más poderosos que ha tenido el gobierno de EUA.
Técnicamente, es la facultad legal que permite a la NSA y al FBI recopilar comunicaciones confidenciales de personas extranjeras fuera de territorio estadounidense, y este permiso llegó a su límite.
Sin embargo, las certificaciones previas del Tribunal FISA seguirán produciendo efectos durante meses, hasta junio del próximo año, cuando culmine el proceso electoral en Nuevo León.
La FISA no se apaga de un día para otro.
Durante casi dos décadas, ese mecanismo —respaldado por la infraestructura tecnológica de Google, Microsoft, Apple, proveedores de internet y operadoras de telecomunicaciones— acumuló volúmenes gigantescos de información sobre flujos financieros, rutas logísticas, comunicaciones internacionales y redes de contacto de las organizaciones criminales mexicanas.
El combate al narcotráfico, especialmente el tráfico de fentanilo y el huachicol, forma parte de ese interés de seguridad nacional gringo.
El vicepresidente JD Vance lo reiteró ayer:
Los cárteles mexicanos representan una amenaza directa para Estados Unidos y deben enfrentarse con todos los instrumentos disponibles, incluidos sus socios políticos.
Cuando una investigación de inteligencia de esa escala reconstruye redes criminales transnacionales, inevitablemente aparecen puntos de contacto con el poder político:
- Empresarios.
- Intermediarios.
- Funcionarios.
- Y legisladores.