Once meses antes había concedido una suspensión contra la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial.
El fundamento de su decisión era sencillo: no debía votarse una iniciativa constitucional que no fue revisada ni analizada. La suspensión no se acató, la reforma se aprobó.
Escribió el viernes en El Universal que “más de 50 personas juzgadoras de carrera enfrentamos hoy procesos disciplinarios”.
Optó por irse de México para reconfigurarse profesional y vitalmente, consciente de que, algún día, podría caer en manos de un juez del Acordeón que la acusara de traición a la patria o cosas semejantes.
Traigo su historia a propósito de lo ocurrido con Ernesto Ruffo.
El 22 de junio, el juez de carrera Mario Elizondo negó a la FGR 23 órdenes de captura por supuesta participación en la introducción ilegal de hidrocarburos al territorio nacional.
La FGR buscó entonces otra ventanilla, añadió el nombre de Ruffo a la lista y acudió a la jueza de “elección popular” Alejandra Ramírez de la Vega, quien concedió las aprehensiones.
Los jueces competentes se extinguen o dejan de ser buscados.
