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Eran días de protestas y paros en los juzgados.
Al final, la reforma se impuso por aplastamiento y, sí, con el compromiso de pagarles, sin requisito alguno y mediante dos artículos transitorios, tanto una “indemnización constitucional” como una pensión complementaria a los 225 juzgadores que se apartaron.
La primera sería de tres meses de salario, más 20 días por año de servicio prestado.
La complementaria fortalecería sus pensiones del ISSSTE.
Pero el régimen no les ha cumplido.
