- Muchos más fueron perseguidos, acosados, espiados y vejados en su reputación por el propio presidente de la República, Audomaro Martínez (su Fouché personal, y el equipo de propaganda que encabezó Jesús Ramírez Cuevas.
La presidenta Sheinbaum elude su deber y pinta a México como un paraíso de la libertad de expresión.
Puede hacerlo porque hay una sociedad anestesiada por la indiferencia y el gremio periodístico atomizado por egos, envidias y un comprensible miedo a perder el empleo.
Así, la libertad de expresión se ha vuelto una libertad irrelevante.
- La investigación documenta el asesinato de 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos.
También registra espionaje militar, hostigamiento, campañas de desprestigio y niveles de impunidad que, según el estudio, oscilaron entre 93 y 99 por ciento.
Los investigadores identifican una combinación de violencia, vigilancia ilegal y guerra reputacional que estiman suficientemente graves como para solicitar que la Corte Penal Internacional examine la posible comisión del crimen de lesa humanidad de persecución.
Aquí en México corresponde responder a la fiscal Ernestina Godoy, qué investigaciones se abrirán a partir de los expedientes de Berkeley.
¿Hasta dónde se llegará en la identificación de quienes ordenaron, ejecutaron o permitieron las conductas denunciadas?
No dice el informe que López Obrador ni miembros de su gobierno hayan ordenado los 337 asesinatos, pero exige investigar las responsabilidades de las autoridades y las posibles conexiones entre las agresiones y funcionarios.
La investigación de Berkeley, titulada Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, presenta un retrato de lo que ocurrió entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024.
Fue una guerra sucia, con sangre incluida, contra periodistas críticos, contra dueños de medios de medios de comunicación que se negaron a despedir a esos periodistas, y contra defensores de derechos humanos.
Además de los crímenes, las investigaciones de Berkeley también encontraron pruebas de espionaje militar mediante Pegasus y otras herramientas de vigilancia.
Los autores del estudio analizaron mil 437 mañaneras e identificaron dos mil 827 segmentos con expresiones estigmatizantes.
Lindsay Freeman, responsable de la investigación, considera que los hallazgos justifican examinar la posible comisión del crimen de lesa humanidad de persecución.
Ernestina Godoy no va a iniciar absolutamente nada contra el gobierno de AMLO.
A Rosario Piedra, titular de la CNDH, no le interesa que en el sexenio de AMLO hayan matado a 259 defensores de los derechos humanos.
Y la “sociedad civil” no protesta, como si el asunto no le involucrara.
La guerra sucia de AMLO contra la libertad de expresión no es sólo "un asunto de periodistas”.
Investigar la narcopolítica, los abusos del gobierno y revelar los negocios fraudulentos de empresarios con allegados a la familia presidencial, es una garantía para todos los ciudadanos.
A muy pocos les importa.
En la mayoría de los medios se percibe una indiferencia interesada (en seguir obteniendo contratos).
