La visita de Rubio
El diseño del viaje del secretario de Estado, Marco Rubio, a México y Ecuador no puede verse como una deferencia con el principal socio comercial de Estados Unidos, ni resultado de una relación extraordinaria hoy en día.
Su trazado apunta a una estrategia específica de combate al Cártel de Sinaloa y a cortar sus redes de distribución de cocaína y lavado de dinero, que tienen sus raíces en ese estado del Pacífico, y que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según investigaciones en Estados Unidos, tuvieron el aval, protección y complicidad de funcionarios muy cercanos a él.
El Cártel de Sinaloa no es la única organización criminal mexicana que opera en Ecuador.
El Cártel Jalisco Nueva Generación trasladó la guerra contra sus principales adversarios a esa nación sudamericana desde hace casi una década, para disputarles el tráfico de la cocaína.
Ambos usan dos grupos locales: Los Choneros, con quien forjó una alianza Joaquín El Chapo Guzmán en 2003, y Los Lobos, con quien la estableció la organización de Nemesio El Mencho Oseguera, alrededor de 2013, y a quien se le atribuye el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, en 2023.
Sin embargo, la conexión directa con autoridades mexicanas es con el Cártel de Sinaloa, a través de un exgobernador, un subsecretario de Estado y el propietario de una flota pesquera que tiene operaciones en Ecuador y Perú.
Que se utiliza para enviar armas y dinero, con cargamentos de droga en los barcos que regresan a México, de acuerdo con las investigaciones realizadas por los servicios de inteligencia y agencias judiciales de Estados Unidos.
Según la información que recolectaron, ninguno de ellos actuó a espaldas de Palacio Nacional en años recientes.
El planteamiento de este diseño no excluye la posibilidad de que, como ha reiterado la presidenta Claudia Sheinbaum, se firme este miércoles un acuerdo de seguridad entre los dos países, que incluirían –probablemente de manera ambigua para el público–.
Las necesidades estratégicas del gobierno de Donald Trump, esbozadas en el comunicado de prensa del Departamento de Estado la semana pasada que anunció el viaje de Rubio: desmantelar a los cárteles de las drogas.
Este objetivo, muy firme en el discurso de Sheinbaum, no ha tenido los resultados que había esperado Estados Unidos, reflejados en que la guerra de los cárteles no ha cejado, teniendo como mejor ejemplo la guerra fratricida en el Cártel de Sinaloa.
Las presiones para que actúe en contra de aquellos funcionarios y empresarios vinculados con las organizaciones criminales no han parado.
Se lo han dicho a la presidenta y a varios de sus funcionarios en privado, además de haberle enviado mensajes a través de los medios estadounidenses.
Sheinbaum ha hecho numerosas concesiones a Estados Unidos en materia de seguridad, pero lo que es intransitable, una acción militar unilateral norteamericana, está comenzando a perder legitimidad y apoyo entre la población mexicana.
En la encuesta que publicó ayer EL FINANCIERO sobre la percepción que se tiene del manejo de la relación con el presidente Donald Trump y su gobierno, los resultados no son alentadores.
A la pregunta de cómo calificaría las relaciones bilaterales, 51% dijo mal y sólo 37% aprobó, que fue una mejoría con respecto de la medición de julio, donde 57% la desaprobaba y sólo 27% pensaba que lo estaba haciendo bien.
Y cuando preguntan la manera como su gobierno está llevando la relación con Trump, 56% desaprobó y apenas 28% dijo que lo estaba haciendo bien.
El problema de fondo se ve en otras respuestas: 34% está de acuerdo con usar militares estadounidenses para combatir grupos criminales en México (un brinco de 10% en un mes), y aunque 65% siguió manifestando su desacuerdo, fue 10% menos que en la medición anterior, mostrando debilidad en esa convicción.
¿Más colaboración? 31% de los encuestados, 18% más que en julio, dijo adelante; 66%, 23% menos que el mes pasado, bajó sus resistencias.
La presidenta va desgastándose y perdiendo consenso para enfrentar la principal demanda de Trump –y de su gabinete–, que México acepte que militares estadounidenses participen con las Fuerzas Armadas de México en el combate a los cárteles en territorio mexicano.
El tema, si nos atenemos al comunicado del Departamento de Estado, tiene en la propuesta de “acciones rápidas y decisivas para desmantelar a los cárteles” una de las prioridades del viaje de Rubio, por lo que no puede descartarse –otra cosa es darlo a conocer públicamente– que sea uno de los puntos que se hablarán hoy en Palacio Nacional, donde habría discrepancias de fondo.
No será así en el caso del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que ha pedido la intervención de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles que dispararon la violencia en ese país, atrapado como en un sándwich entre Perú y Colombia, los principales productores de cocaína.
Noboa está en la lógica de Villavicencio, cuyo asesinato es atribuido en parte a que quería restablecer el convenio que daba a la DEA el uso de la Base Aérea de Manta, desde donde realizaba sus operaciones contra el narcotráfico en Sudamérica, que canceló el expresidente Rafael Correa, muy cercano a la ‘4T’, en 2009.
Noboa logró en junio que los ecuatorianos aprobaran una enmienda constitucional para prohibir bases militares en su país, y para finales de este año prepara un referéndum nacional para que la gente decida si quiere o no el regreso de la base en Manta a Estados Unidos.
En una reciente entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, dijo que la instalación de bases militares extranjeras era una de las prioridades de su gobierno para fortalecer la cooperación internacional en seguridad.
El presidente ecuatoriano no podía estar más alejado de la presidenta de México, y está mucho más cerca de Trump y de Rubio, de lo que está Sheinbaum.
La diferencia: Quito está a cuatro mil 400 kilómetros de Washington, y México comparte tres mil 200 kilómetros de frontera con Estados Unidos y muchos intereses comunes.
Con Ecuador, la cooperación es menos compleja.