El calendario del despropósito
La Secretaría de Educación Pública anunció el 7 de mayo, por acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.
Que las clases del ciclo 2025-2026 concluirían el 5 de junio y no el 15 de julio, la justificación oficial conjugó dos argumentos:
- Las altas temperaturas en algunas regiones
- y la realización del Mundial de la FIFA.
La consecuencia es brutal en su aritmética:
28 días lectivos suprimidos para 24 millones de estudiantes de educación básica y media superior, y un ciclo que cerraría con apenas 157 días efectivos, muy por debajo del piso legal de 185 días establecido en el artículo 87 de la Ley General de Educación.
Ante duras críticas, el secretario Mario Delgado convocó el 11 de mayo a una reunión extraordinaria y desplegó una defensa vergonzosa.
Sostuvo que la exigencia legal de entre 185 y 200 días de clase es un residuo de la visión tecnocrática del pasado y citó casos como Finlandia o Bélgica, sistemas educativos de primer nivel, según él, con menos de 170 días lectivos.
El argumento es tan tramposo como insostenible:
Las comparaciones internacionales nunca pueden hacerse en abstracto, Finlandia compensa días con jornadas docentes especializadas, evaluación rigurosa y maestros con maestría obligatoria.
Bélgica garantiza horas-clase compactas con altísima densidad pedagógica, México, en cambio, fue retirado de la última edición de PISA y arrastra rezagos donde dos de cada tres estudiantes, no alcanzan competencias básicas en matemáticas y aún no se recuperan los aprendizajes perdidos por la pandemia.
Citar a Helsinki para justificar Tabasco es una auténtica locura.
Más grave aún es el desplazamiento de responsabilidades.
Afirmó que la escuela no debe ser lugar de resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado, y acusó a las empresas de no ofrecer flexibilidad laboral.
El planteamiento, en boca de un secretario de Educación, es una rendición doctrinal, la escuela pública mexicana sí es —además de espacio de aprendizaje— una institución de cuidado, protección y nutrición para millones de infantes, particularmente los más pobres.
Negarlo no es progresismo:
Es abandonar precisamente a quienes el Estado tiene la primordial obligación de proteger, y culpar a las empresas para evadir la responsabilidad de la SEP, es trasladar el costo de la improvisación y estulticia gubernamental, al tejido productivo y, en última instancia, a las madres trabajadoras.
La llamada Nueva Escuela Mexicana se revela una vez más como retórica sin sustento, habla de aprendizaje en comunidad mientras cierra aulas, invoca a la diversidad territorial mientras impone calendarios desde el centro, descalifica al magisterio crítico mientras presume diálogo.
El Mundial de 2026 fue asignado a México en 2018 y el gobierno tuvo 8 años para planear.
Que la solución fuera recortar clases —y no, por ejemplo, reorganizar la logística de las tres ciudades sede— evidencia la jerarquía real de prioridades, espectáculo deportivo por encima del derecho constitucional a la educación.
Merece la pena recordar que, el centro de toda política pública es la persona y su desarrollo integral.
Reducir el calendario escolar para acomodar una copa de fútbol, mientras se descalifica la legislación vigente y se traslada la culpa a las empresas, no es reforma.
Es la renuncia del Estado a su obligación más elemental, aunque se recule.
