Privatización de la salud
La salud es la esencia de la vida. Por lo mismo, el Estado ha asumido en la mayoría de los países -la excepción es Estados Unidos- como una prioridad tener sistemas eficientes de salud pública.
Tienen razón: una vida saludable favorece la felicidad, la convivencia, la productividad. En fin: una buena salud pública es la base del tejido social de una nación. Es una prioridad del Estado.
Lo que ha ocurrido en México desde el 2018 es precisamente lo contrario.
López Obrador canceló el Seguro Popular y cerró el sistema de adquisiciones y distribución de medicamentos.
La primera medida mandó al desamparo a casi 50 millones de mexicanos.
La segunda, generó una escasez de medicinas que se extiende hasta hoy.
En diciembre, la megalicitación de medicinas que debía resolver los anaqueles vacíos de los hospitales en el 2026, volvió a fracasar.
El gobierno no pudo comprar ni paracetamol ni omeprazol. Así.
La megafarmacia de López fue un delirio. Uno que costó más de 15 mil millones de pesos.
Con su simplismo primitivo, López Obrador dijo que, si la Bimbo o Coca Cola podían distribuir sus productos a cada rincón del país, el Estado con más ganas. Faltaba más.
