¿Qué hace un contratista militar de EUA, el mayor experto en seguridad privada de visita en NL?
La visita local de Erik Prince responde a un grupo de empresarios que quizá solo pretende asesorarse con uno de los mayores expertos en contrainsurgencia, fundador de la empresa de guerra Blackwater, que ha operado lo mismo en Irak que en Centroamérica.
¿Pero serán sólo asesoramiento los servicios que piden a Erik Prince, amigo personal del presidente Donald Trump?
Prince tiene conocimiento a fondo de la industria armamentista a nivel global y es muy cercano al embajador de EUA en México, recién nombrado para ese cargo el pasado 19 de mayo: el ex boina verde Ronald Johnson.
La mayor aportación independiente de Prince a la defensa militar de EUA es economizar las misiones de movimientos tácticos, en este caso, de deportación de más de 12 millones de migrantes de EUA en un lapso no mayor a un año: 2026.
Esa es la meta.
El punto de vista de Prince es interesante y propone otro enfoque para abordar un problema de narcotráfico que no tiene visos de solución próxima.
Y es que, además de contratista del Pentágono, Prince ha sido un crítico del sistema de defensa estadounidense, al que acusa de priorizar el derroche sobre la eficacia militar.
De ahí su propuesta de privatizar el equipamiento y la capacitación de mandos militares extraoficiales, lo cual considera la solución más recomendada.
El presupuesto de defensa en EUA, uno de los más caros del planeta, rebasa el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), y sus objetivos —como combatir el terrorismo, ahora que se ha declarado grupos terroristas a la mayoría de las bandas criminales de México (¿por qué no a todas?)— resultan una opción digna de tomarse en cuenta.
Según Prince, grandes contratistas del Departamento de Defensa en EUA, como Lockheed y Boeing, integran una especie de monopolio en la producción de armamento.
Esto provoca una guerra asimétrica con las bandas terroristas de México.
Porque, mientras un dron de los denominados MQ-9 Reaper, que ya han sobrevolado en labores de vigilancia la frontera texana con Tamaulipas, cuesta alrededor de $40 millones de dólares, los cárteles mexicanos usan drones de muy bajo costo (unos $20,000 dólares por unidad), con un grado de eficacia letal similar en determinados contextos. Es decir, maximizan el impacto con recursos mínimos.
En otras palabras, Prince ha sido un promotor —en su visita privada a países como México y a estados como Nuevo León— de la adopción de tecnología militar comercial, incluso de código abierto, como el uso de drones DJI modificados para usos militares.
Prince ha asegurado a sus amigos en México que su método, nada convencional, contra el crimen organizado que lacera tanto a México como a EUA, es más efectivo que los usados por la industria militar a gran escala del Departamento de Defensa y de los organismos de inteligencia del gobierno norteamericano.
¿Se empalman para mal los intereses corporativos y burocráticos de EUA en la lucha contra el crimen organizado?
Según Prince —y muchos analistas políticos, entre quienes me incluyo—, sí. Sin duda alguna.
