El gobernador Samuel García ha ampliado su patrimonio con un rancho de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, valorado en unos 800 millones de pesos.
La transacción tiene un aroma peculiar, la propiedad pertenecía a los hijos del fundador de Constructora Garza Ponce, uno de los proveedores favoritos de su administración.
Casualmente, días antes de la adquisición, el gobierno estatal otorgó contratos multimillonarios a dicha constructora por obras como la Línea 6 del Metro.
Mientras los ciudadanos esperan el camión, el Gobernador y su padre, accionistas de Saga Tierras y Bienes Inmuebles, aseguran el futuro agrícola de la familia.
La Estructura Electoral, credenciales y Conalep.
La política de tierra arrasada llegó a las aulas, se han denunciado prácticas de malos hábitos electorales donde, bajo el pretexto de trámites administrativos o becas, se han solicitado credenciales de elector en instituciones como el Conalep Nuevo León para engrosar las filas de la estructura naranja.
El Tribunal Electoral ya ha ratificado sentencias contra García por uso indebido de recursos públicos y vulneración a la imparcialidad en contiendas previas.
Se les pide 17 credenciales a fin de renovarles los contratos eventuales.
El Árbol Genealógico del Amparo.
En la mesa de los García-Rodríguez, el pan de cada día es la suspensión definitiva, ante el asedio de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable, la familia ha desplegado un escudo legal sin precedentes.
Samuel García, blindado contra órdenes de aprehensión de la FGR y fiscalías locales, Mariana Rodríguez, esposa y excandidata, también bajo el paraguas judicial ante investigaciones por defraudación fiscal.
El clan.
Al menos 11 familiares cercanos, incluyendo a los suegros (Jorge Gerardo Rodríguez y Luisa María Cantú) y su hermana (Ana Cecilia García), cuentan con amparos para evitar procesos penales.
La administración de Samuel García se ha visto envuelta en complejas tramas de triangulación de recursos y sobrecostos en obra pública, según investigaciones periodísticas y órganos auditores, benefician directamente al entorno familiar del Gobernador.
_6.jpg&w=1600&q=85)