Lo ocurrido en Michoacán es un grito de alarma nacional que el gobierno central parece sordo a escuchar.
El primer edil de una de las ciudades más importantes de Michoacán fue emboscado y ultimado mientras realizaba una actividad colectiva, en un acto público que debió ser seguro y que, sin embargo, se convirtió en una ejecución en un espacio abierto.
Este hecho demuestra que, si un funcionario de ese nivel, en su propio municipio, no tiene garantizada la vida, la ley y la paz han colapsado por completo para la ciudadanía.
La vulnerabilidad de nuestros líderes municipales es el espejo de la indefensión de cada mexicano.
Uruapan y Michoacán son el epicentro de una guerra territorial constante, con la presencia de poderosos cárteles como el Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, entre otros, que operan con una impunidad casi absoluta.
El asesinato de Manzo se inscribe en una escalada de violencia política que busca desmantelar la gobernabilidad local, sembrando terror para controlar territorios, economías y, en última instancia, las instituciones.