Freno de mano en el INE: El vacío legal que permite campañas sin control rumbo a 2027
La carrera por las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027 ya comenzó en las calles, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue sin activar el cronograma de vigilancia.
Mientras una oleada de más de 300 militantes de Morena recorre el país organizando mítines, repartiendo propaganda y movilizando bases bajo la figura de "coordinadores de comités", el organismo autónomo opera sin un marco de reglas claras para fiscalizar el origen y destino de ese dinero.
Especialistas en la materia y voces críticas dentro del propio instituto coinciden en que la autoridad está tolerando una simulación política sin precedentes y sin consecuencias reales.
"Estamos siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo".
— Arturo Castillo, consejero del INE, al lamentar el retraso del Consejo General para emitir lineamientos de control.
La estrategia de la simulación: Meses de ventaja al margen de la ley
El conflicto central radica en el calendario.
Legalmente, los procesos internos y las precampañas deberían arrancar entre diciembre y febrero.
Sin embargo, la estrategia de adelantar seis meses la competencia interna le permite a los aspirantes realizar activismo pleno en plazas públicas y redes sociales sin la obligación estricta de rendir cuentas.
- El vacío de la fiscalización: Al no estar catalogadas formalmente como precampañas, la autoridad desconoce quién financia los traslados masivos, la música en vivo, los folletos y los artículos promocionales.
- Freno en el Consejo General: En mayo, el bloque mayoritario del INE —liderado por Guadalupe Taddei— frenó una propuesta para regular estas actividades. Aunque recientemente se presentó un nuevo borrador, su discusión fue postergada sin una fecha clara en el horizonte.
Criterios flexibles: El arte de promover la imagen sin pedir el voto
Para los analistas, la crisis actual no es un problema exclusivo de la legislación, sino de cómo la aplican los juzgadores.
Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, señala directamente la permisividad institucional:
"El problema no es que la ley esté mal; el problema es que las autoridades electorales van permitiendo que los partidos políticos simulen y hagan trampa".
Esta permisividad se apoya en los estrictos candados que el Tribunal Electoral ha fijado para certificar un acto anticipado de campaña.
Actualmente, para que una conducta reciba una sanción, la ley exige que coincidan tres elementos al mismo tiempo:
- Elemento Personal: El aspirante debe ser plenamente identificable en el acto o propaganda, (se cumple, pero no basta por sí solo para castigarlos).
- Elemento Temporal: La actividad debe ocurrir fuera de los plazos legales del calendario electoral, (los partidos la esquivan argumentando que son "procesos puramente internos").
- Elemento Subjetivo: Debe existir un llamado explícito y directo a votar por alguien, (la clave de la trampa: Promueven su rostro, sus obras y sus promesas, pero evitan usar la frase exacta "vota por mí").
Gracias a esta rigidez en la interpretación, alcaldes con licencia y aspirantes continúan tapizando las calles con su imagen, presumiendo logros gubernamentales y encabezando movilizaciones masivas con total opacidad financiera.
