Violencia pone en riesgo a las encuestas
El INEGI “tuvo que pagar a miembros del crimen organizado para poder entrar a las comunidades que tienen bajo su control y realizar los Censos Económicos y Agropecuarios”, así lo informó Susana Patricia Pérez, directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios al periódico Reforma el pasado 27 de julio.
Asimismo, aseguró que en algunas localidades contrató a gente conocida por los criminales, a fin de no provocar desconfianza durante la realización de sus encuestas.
Las casas encuestadoras han enfrentado esta contrariedad desde hace dos décadas, sin embargo, el recrudecimiento de la violencia ha empeorado en los últimos cinco años poniendo en jaque a las metodologías y estrategias que permiten realizar sondeos estadísticamente aceptables.
- ¿México está de rodillas ante el crimen organizado?
- ¿Hemos normalizado la violencia?
- ¿Los abrazos, no balazos, han intimidado a los delincuentes?
Juzgue usted.
El problema que enfrentan las casas encuestadoras es la espantosa inseguridad que reina en diversas ciudades y regiones del país.
El crimen organizado no sólo ha sojuzgado a las comunidades, también a los encuestadores o cualquier persona desconocida que deambule por “sus territorios”.
En Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Baja California, Tabasco y Chiapas, entre otras entidades, es peligroso realizar una encuesta domiciliaria entre la población abierta. Cuando un muestreo arroja viviendas en zonas rurales que, dicho sea de paso, al ser aleatorio, el 21 por ciento es no urbano, representa un campo minado para el encuestador.
Depende de la población o la zona, pero los mexicanos, en general, ya no atienden, como antes, a un extraño que toca a la puerta, tampoco responden una llamada telefónica de un número desconocido. Se ha perdido la confianza.
