El proyecto autocrático es claro en su trato con los medios, así como en su legislación aprobada de telecomunicaciones y control del espacio digital.
También es claro el uso de la legislación electoral, a pretexto de la llamada “violencia política de género”, para juzgar, callar y castigar a periodistas y ciudadanos.
La cantidad de periodistas muertos en estos años no tiene precedentes en el país.
El gobierno es responsable aquí de omisión y de indiferencia judicial.
Su indiferencia alienta en vez de contener la impunidad de los asesinos (fuerte abrazo, Ciro Gómez Leyva).
La deriva autocrática contra la prensa libre es clara también como corrupción, pues incluye la compra de periodistas, canonjías millonarias para medios afines y la oficialización grotesca de los medios de comunicación al Estado.
Todo esto es una tendencia dominante, creada por el gobierno, para ahogar la libertad de expresión en el país y a quienes pueden y quieren ejercerla.
Pero los espacios de libertad y resistencia también son claros.
Curiosamente, ganan credibilidad cuando navegan contra corriente, y ganan batallas inesperadas.
Dos problemas políticos mayores que enfrenta el gobierno, el de su complicidad con el crimen organizado en Tabasco y con el huachicol fiscal en puertos y aduanas, estuvieron antes en la prensa que en la corriente central de la vida pública.
