Carlos Manzo, un símbolo de la indignación ciudadana
La exigencia es clara, un reclamo enérgico por la inacción del gobierno estatal que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla.
Con este crimen, el séptimo presidente municipal asesinado en lo que va de la administración de Ramírez Bedolla, Michoacán se sitúa de nuevo en el centro de la atención nacional.
Este clima de descontento social pone a prueba al gabinete de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum y atrae la mirada de todo el mundo.
Los michoacanos exigen la renuncia del gobernador, pues consideran que la falta de acciones efectivas equivale a complicidad o, al menos, a una sumisión ante los cárteles que dominan diversas regiones del estado.
Mientras tanto, el Secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, ha respondido con el envío de más elementos de la Guardia Nacional para patrullar Uruapan, una medida que, para muchos, llega tarde.
Carlos Manzo denunció públicamente las amenazas recibidas y solicitó apoyo tanto al gobierno estatal como a la Federación.
Prueba de ello es que, al momento del ataque, contaba con un vehículo blindado y catorce elementos de la Guardia Nacional como escoltas de seguridad.
Su trágica muerte es la demostración de que, cuando el crimen organizado toma una determinación, no se detiene ante nada ni ante nadie.
Este patrón de violencia generalizada también se replicó la semana pasada con el asesinato de Carlos Bravo, líder de los limoneros michoacanos que se opuso al cobro de piso que el crimen organizado aplica a los productores de limón, aguacate y otros productos agropecuarios.
La sociedad está profundamente molesta con la inacción e ineficacia de los gobiernos local y federal.
Esta situación crítica demanda un cambio radical en la actitud de ambos órdenes de gobierno, obligándolos a emprender una estrategia frontal para desarticular a las diversas células de los cárteles que han establecido un verdadero narcogobierno en amplias zonas del estado y del país.
La tarea no es sencilla, pero tampoco es imposible.
No es una exageración, como ya lo ha señalado en diversas ocasiones el Presidente estadounidense Donald Trump, al afirmar que en México existen amplias zonas que no están gobernadas por ninguna autoridad legítima, sino por organizaciones del crimen organizado.
Hoy, Carlos Manzo, el alcalde independiente de Uruapan, puede convertirse en el símbolo de la insurgencia y la resistencia ciudadana.
Su memoria debe ser la bandera para confrontar de manera decisiva las estructuras del crimen organizado en Michoacán y para condenar, las omisiones y la indiferencia del gobierno estatal y federal.
Por el bien de México, es hora de poner fin a la fallida política de "abrazos y no balazos" y pasar a una estrategia de seguridad que garantice la vida de los mexicanos y la gobernabilidad de nuestro México.
