Caso Armando Castilla: la confabulación Coahuila-Nuevo León
No fue una casualidad de esas cuya explicación consiste en referir, simplemente, el haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Muy por el contrario, se trató de un episodio perfectamente premeditado; lo ocurrido es el producto necesario de una confabulación en la cual concurrieron, sobre todo, servidores públicos -de Coahuila y Nuevo León- desleales a sus deberes, individuos cuya vocación actual es la de pervertir instituciones y colocarlas de espaldas al interés ciudadano.
La semana transcurrida desde el arresto, en el aeropuerto de Monterrey, ha servido para tenerlo claro: quienes urdieron la trama para encarcelar al director General de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, perseguían objetivos precisos.
El más importante de ellos era mantenerlo en prisión durante el mayor tiempo posible.
Para lograrlo, en primer lugar fabricaron un acusación sin mayores sofisticaciones: un individuo -cuyo nombre, de acuerdo con la “carpeta de investigación” es Marco Antonio Fuentes Garza, pero podría ser cualquier otro, incluso uno ficticio- “acudió” ante el Ministerio Público (MP) a “denunciar” un delito presuntamente cometido en tierras neolonesas -pero con conexiones en Coahuila-, lo cual les permitió activar las instituciones de la primera entidad.
Precisión necesaria: los múltiples entrecomillados del párrafo anterior resultan obligatorios, por una razón puntual: se trata de hechos en esencia ficticios, de actos jurídicos inexistentes en términos formales. Se trata de simulaciones y, por cierto, ejecutadas con extremo desaseo.
Porque el denunciante nunca acudió ante el MP, es decir, jamás se presentó ante dicha autoridad.
Porque la “denuncia” se maquiló en un despacho -De la Garza Vega Abogados-, con sede en San Pedro Garza García, cuyos socios, todo mundo lo asegura en Nuevo León, forman parte de una auténtica red delincuencial desde la cual han institucionalizado un “negocio” de extorsión.
Porque los documentos con los cuales se integró la “carpeta de investigación” fueron fabricados.
Tras la “presentación de la denuncia”, y como el MP forma parte de la red de corrupción, procede a fabricar la evidencia necesaria para justificar ante un juez -igualmente integrante del esquema delincuencial- la necesidad de librar una orden de aprehensión merced a la cual fue posible montar un peliculesco operativo de captura, como si se tratara de apresar a un peligrosísimo criminal.
El guión concebido por los autores intelectuales tenía un siguiente episodio el cual ya no se materializó por completo: en la audiencia posterior al arresto, un juez de control habría de “comprar” el argumento según el cual, aún cuando el presunto delito (fraude) cometido por Castilla Galindo no está clasificado como grave, razón por la cual no amerita prisión preventiva oficiosa, era necesario mantenerlo en prisión debido a la existencia de “riesgo de fuga” pues él tiene su domicilio en Coahuila y no en Nuevo León.
Así, el juez habría de dictar, en la audiencia del sábado 10 de enero, primero la vinculación a proceso y, enseguida, la medida cautelar de prisión preventiva “necesaria”.
Eso implicaría mantener al imputado tres, cinco, seis meses en la cárcel, en espera de la audiencia de juicio oral.
Cualquier abogado con mínima experiencia intentará refutar señalando la posibilidad de tramitar un amparo en contra de la medida cautelar de prisión y con ello lograr la excarcelación para seguir el proceso en libertad.
Pero quienes conocen bien el esquema montado en Nuevo León advierten cómo hasta los juzgados federales han sido infiltrados por esta mafia.
Y para este caso, de acuerdo con la evidencia a la vista, las acciones de todo mundo habían sido sincronizadas para actuar como una unidad.
No lograron su propósito, aquel para el cual les pagaron -así, literal- quienes les contrataron.
No lo consiguieron debido a la abrumadora reacción del gremio periodístico del cual Armando Castilla forma parte y entre cuyos miembros goza de gran estima.
Y porque cometieron un error garrafal a la hora de establecer la fecha en la cual habrían ocurrido los hechos: los fijaron un día en el cual se encontraba en el extranjero.
En el proceso, sin embargo, cometieron una colección de delitos, estos sí muy reales, por los cuales deberían ahora ser perseguidos y castigados.
La evidencia de tales conductas obra en el propio expediente del caso y los rastros se encuentran dispersos en Coahuila y Nuevo León.
En ambos estados, por cierto, hay “servidores públicos” involucrados en la trama.
