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El juicio de amparo, creación mexicana de los juristas Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, nació para limitar el poder y proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las autoridades.
Gracias a esta figura, millones de mexicanos han podido detener actos arbitrarios, recuperar su libertad o evitar la aplicación de leyes inconstitucionales.
El juicio de amparo ha sido el contrapeso jurídico que equilibra al poder político.
La reforma impulsada por la Presidenta propone que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, lo que podría convertir a la justicia en una arena política y no en un espacio técnico y autónomo.
A ello se suma la modificación a la Ley de Amparo, que busca restringir las suspensiones provisionales, impidiendo que los jueces detengan la aplicación de leyes o actos gubernamentales mientras se resuelve el fondo del juicio.
