Detrás de la derrota de García Luna
El juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, rechazó ayer la petición del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, de anular el juicio que lo encontró culpable de conspiración y haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa, por violaciones al debido proceso y perjurio de seis testigos.
Esto, porque “ninguno de los argumentos (que presentó la defensa) son suficientes para un nuevo juicio”, por lo cual, como programó, le dictará sentencia en octubre.
Es una derrota para García Luna, pero también, por más extraño que parezca, para el presidente López Obrador.
La moción de anulación del juicio presentada en enero se sustentaba en ocho violaciones a las obligaciones Brady, que fuerzan a los acusadores a revelar toda la evidencia incriminatoria o exculpatoria en su poder para garantizar el debido proceso.
Los fiscales no respondieron el fondo de la petición, pero alegaron que no podían ser tomadas como pruebas supervinientes.
Cogan no le dio la razón a la fiscalía, pero descartó las evidencias que presentó la defensa.
César de Castro, abogado de García Luna, se mostró “profundamente decepcionado” por el fallo, en particular por haberse ignorado las pruebas que, alegó, probarían el perjurio del testigo colaborador Héctor Villarreal, extesorero del gobierno de Coahuila, que afirmó haber visitado el búnker de la Secretaría de Seguridad Pública en 2008, cuando se construyó en 2009.
Y que García Luna le ofreció el programa Pegasus, inexistente hasta 2010.
Tampoco tomó en cuenta las pruebas que ponían en duda la veracidad de los dichos de varios exmiembros del Cártel de Sinaloa que declararon contra García Luna.
Una interpretación que hicieron juristas neoyorquinos de la resolución de Cogan es que mantuvo su criterio original sobre el caso, que legalmente puede hacerlo, descartando la evidencia de la defensa que lo llevara a reponer el juicio, a fin de no generar un precedente para casos futuros.
