¿Grietas en el segundo piso de la 4T?

México vive actualmente un punto de convergencia social donde distintas marchas, manifestaciones de agricultores del maíz, limón, aguacate y otros cultivos; de feministas; de desaparecidos; laborales; de vivienda; democráticas y, desde luego, de los partidos, coinciden en denunciar inseguridad, desigualdad, corrupción, impunidad y falta de acciones de justicia.
Aunque estas surgen de causas distintas, todas expresan hartazgo ante la violencia estructural del crimen en sus diferentes tipos, la fragilidad, precariedad y la ausencia de respuestas del Gobierno de sus tres niveles, por lo que demandan que sean prontas, decisivas e institucionales; que se escuche el clamor que exige acciones rápidas y eficaces para dotar de seguridad en las carreteras, barrios, universidades —en fin, en todo espacio público.
Todas estas expresiones reflejan una crisis profunda de confianza social y política en el gobierno.
Si a todo esto le sumamos el gravamen en los impuestos a otros productos y servicios populares entre los jóvenes, como las bebidas azucaradas, las compras en línea y las plataformas digitales de entretenimiento, para muchos estas medidas reflejan una desconexión y alejamiento entre las autoridades y la realidad económica de las nuevas generaciones, que enfrentan bajos salarios, empleos inestables y un costo de vida cada vez más alto.
Además, la frustración acumulada por la falta de oportunidades, los bajos salarios y la desconfianza hacia las instituciones alimentó el movimiento.
En palabras de los jóvenes, la bandera simboliza su deseo de justicia, su rechazo a la corrupción y su búsqueda de un país más equitativo. Pero cuidado: no interpretemos este malestar como solo económico.







