Poco a poco, la realidad empieza a ser comprendida.
La concentración de poder impulsada por López Obrador ha destruido la institucionalidad republicana, eliminando en los hechos, y en el caso del Judicial, de derecho, la división de poderes.
Ya la elección de 2024 no puede considerarse plenamente democrática, en tanto el presidente violó la ley impunemente para impulsar a su candidata, además de movilizar recursos humanos y financieros desde el Estado, todo ello encima del uso irresponsable del erario para crear una burbuja económica que convenciese a la población de refrendarlo en el poder.
Puesto que aun así no les alcanzó, y más de 45% de los mexicanos no votó por ellos, promovieron un golpe de Estado, avalado por los tres despreciables magistrados del TEPJF, que les otorgó la mayoría calificada en Diputados.
Lo que les faltaba en Senadores lo obtuvieron mediante el chantaje y la extorsión.
