Narcogobierno de la 4T, con el agua al cuello

Lo de Rocha Moya no es ninguna sorpresa. Esto viene de años atrás, con denuncias, señalamientos y evidencias de vínculos con el crimen organizado que simplemente el gobierno decidió ignorar. Lo grave hoy no es solo la acusación desde Estados Unidos, sino la reacción del gobierno mexicano. Salen a defenderlo, a exigir “pruebas” cuando ni siquiera entienden cómo funciona un proceso de extradición. Están jugando a la política con un tema que es jurídico, internacional y extremadamente delicado. Aquí hay un doble discurso brutal: cuando les conviene, creen en testimonios sin pruebas —como en el caso García Luna—, pero ahora piden evidencia “contundente”. La realidad es que están protegiendo a Rocha porque puede arrastrar a muchos más, incluyendo al propio López Obrador. Esto ya escaló a un problema diplomático serio con Estados Unidos. Se está poniendo en riesgo la relación bilateral, el T-MEC, la inversión y la estabilidad del país, todo por defender a un personaje impresentable. Y mientras tanto, Sinaloa está en llamas, con violencia, crisis económica y un gobierno completamente rebasado —o peor, coludido. Aquí no se trata solo de Rocha. Se trata de un sistema completo que podría venirse abajo si alguien empieza a hablar.