El sentido común diría que al autorreinstalado gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Pero si se aplicaba la lógica de los hechos, la respuesta se tornaba cuando menos confusa.
Lo digo por la incongruencia con las dos conductas recurrentes de Palacio Nacional orientadas a proteger y blindar a Rocha:
- La insistencia con la que, pese a las exigencias del Departamento de Estado, el gobierno mexicano machaca que no hay pruebas que lo vinculen con acciones delictivas.
- La tranquilidad con la que Rocha vivió 112 días fuera del poder —pese al supuesto congelamiento de sus cuentas—.
- Paz que le permitió regresar a pie al Palacio de Gobierno de Culiacán y sin, según este relato farsesco, avisarle a nadie.
Si el régimen de la 4T lo cuidó, o encubrió, durante ese tiempo.
¿a qué venía ahora el cuento presidencial de que ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación?.
Así que, salvo que Rocha hubiera roto con perfidia un ilegal e inmoral pacto de libertad a cambio de su ostracismo, ni Palacio Nacional ni la 4T tendrían un carajo que recriminarle.
Ellos lo sabrán.
Lo cierto es que la Presidenta explotó y Rocha terminó reculando y solicitando anoche una nueva licencia con el argumento de que el movimiento de la transformación está por encima de todo y de todos.
¿Lo hizo porque encontró espacio para rescatar su “libertad por ostracismo”?.
Tras lo ocurrido en las últimas 48 horas, renovar ese pacto sería aún más ilegal e inmoral de lo que era antes del viernes.
