Pasa el tiempo y en lugar de que el gobierno ofrezca condiciones atractivas a la inversión, se dan pasos políticos que la inhiben e incluso la amenazan.
Algunos de esos pasos son lesiones institucionales difíciles de revertir, como la invención de un Poder Judicial de consigna, bajo control del gobierno.
Otros pasos derivan de supuestos principios innegociables de soberanía, como las disposiciones en materia energética, petróleo y electricidad, que violan compromisos del T-MEC y serán piedras en el zapato a la hora de renegociarlo.
Hay, además, las restricciones impuestas al amparo, que limitan la defensa de particulares frente al Estado, en especial la defensa de los inversionistas, que se quedan inermes ante los actos de autoridad que afecten sus empresas.
Mención aparte merece el uso político de la nueva Suprema Corte, dispuesta a fungir como brazo del gobierno para cobrar impuestos a grandes contribuyentes, negando a morosos la posibilidad de seguirse defendiendo, como ha hecho con Ricardo Salinas Pliego, o reabriendo casos ya juzgados por ella misma, como se dispone a hacer con Femsa.