36 horas después de regresar a su cargo como gobernador, Rubén Rocha Moya pidió de nuevo licencia tras la presión de la presidenta Sheinbaum, la dirigencia de Morena y los gobernadores de la 4T.
Fue insuficiente el respaldo categórico de figuras como Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado —“esta licencia honra al intachable Rocha Moya”—, y de Fernández Noroña, quien prefirió pelearse con Ricardo Monreal con tal de defender al impresentable de Rocha Moya.
Sin embargo, la desventura de Sinaloa viene de muy lejos.
Una clave es el expediente abierto en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y su círculo cercano, que generó un escándalo judicial y que es el retrato forense de cómo se pudre un gobierno cuando convergen la complicidad criminal y la asfixia hacendaria.
Da tristeza leer que para muchos dirigentes cupulares del oficialismo esta medida fue más para salvar a Morena de una mala imagen pública y no para proteger a la gente de Sinaloa, atrapada entre dos fuegos, con el índice de homicidios desorbitado y las desapariciones de personas a niveles nunca antes alcanzados en esa pobre entidad.
Abordaré las implicaciones de este caso estrictamente desde el plano financiero.
Los testimonios sobre una “narconómina” que distribuía pagos mensuales —desde $200,000 pesos hasta más de $100,000 dólares a mandos policiales para garantizar impunidad a Los Chapitos—.
Demuestran que el costo de la narcopolítica no se mide únicamente en violencia, sino en la entrega absoluta de la soberanía estatal o a la expiación de lo que se conoce como “zona marrón”, territorio de la ingobernabilidad.
La raíz de esta crisis institucional también es financiera.
Para este año, el Presupuesto de Egresos de Sinaloa se fijó en $78,344 millones de pesos, pero un abrumador 83% depende de las transferencias de la Federación.
Con ingresos estatales propios que apenas alcanzan 12.5% —algo así como $9,845 millones de pesos—, la administración sinaloense quedó encadenada a los $31,000 millones del Ramo 28 y a los $25,000 millones del Ramo 33.
Mucho dinero, pero que no alcanza ni para cubrir lo básico.
Además, estimo que entre 20% y 30% de la recaudación estatal podría estar afectada por la intromisión del crimen organizado, por la extorsión en sectores como la construcción, el transporte y la minería, que reduce el pago de impuestos y derechos estatales.
En ese escenario de debilidad tributaria, habría que añadir que el Ramo 23 —la bolsa de recursos extraordinarios y discrecionales del Ejecutivo federal— hubiese dejado de entregarse por parte del gobierno de Sheinbaum al gobierno de Rocha Moya.
En nuestro precario sistema presidencialista, el gobernador que pierde el respaldo político del centro pierde viabilidad financiera de su mandato. Así ha sido y así es hasta la fecha.
Dicho de otro modo, estaría de más un juicio político contra el gobernador de Sinaloa, que sería prácticamente un cadáver político, un zombi, de seguir en el cargo.
