Blindaje en las alturas: la nueva soberanía aérea del narco
Actualmente, al menos seis organizaciones criminales han instaurado sus propios "espacios aéreos protegidos".
Utilizando tecnología de vanguardia para vigilar posiciones y espiar a sus oponentes, la era de los disparos al aire ha terminado.
Hoy, la disputa es tecnológica: mediante sistemas C-UAS (contra-drones) con un valor superior a los cinco millones de pesos por unidad, los grupos delictivos tienen la capacidad de neutralizar y derribar cualquier aeronave no tripulada que invada sus dominios.
Mientras que legalmente la vigilancia del espacio aéreo nacional recae en el Cenavi (dependiente de la Sedena), el crimen organizado ha montado una estructura paralela.
Estos grupos ya no solo desorientan drones enemigos, sino que administran zonas exclusivas de exclusión aérea, replicando las funciones de detección e interceptación que, en teoría, son facultad única del Estado.
Esta apropiación del espacio aéreo representa un desafío directo a las facultades del Estado.
Al replicar capacidades de defensa electrónica que antes eran exclusivas de las fuerzas armadas, los cárteles no solo buscan impunidad logística, sino establecer un control territorial absoluto que ahora se extiende desde el suelo hasta el radar.
