Y luego por qué sospechan
El presidente López Obrador no deja de asombrar, a veces, por la candidez que en ocasiones lo perjudica.
Como antier, cuando le preguntaron por qué su gobierno no ejecutó las cuatro órdenes de aprehensión en contra de Ismael el Mayo Zambada, respondió que detener a los capos de la droga no erradica el narcotráfico, mientras que atacar las causas del fenómeno busca que no haya violencia.
Como sabemos, en ambas vertientes ha fracasado.
Pero lo que admitió es que la Fiscalía General no actuó contra Zambada, incumpliendo con sus obligaciones legales, por lo que incurrió en el delito de omisión de responsabilidades, cuya línea de mando sube al Presidente, que ha dado instrucciones de no detener a ningún líder del narcotráfico porque, como afirmó ayer, eso no va a acabar con el narcotráfico.
Públicamente planteó que el jefe del Cártel del Pacífico/Sinaloa no era un objetivo de su gobierno, y le permitió realizar sus actividades ilegales –incluido asesinar a sus adversarios, secuestrar comunidades en todo el país y generar zozobra en decenas de poblaciones– porque así habría una pacificación del país.
Su galimatías lo inculpa pero no lo ve.
Muestra que se siente impune y que descarta que la ley lo alcance, cuando menos en México.
Confunde su legitimidad con la legalidad, aunque existe la posibilidad de que siga descontrolado al desconocer cómo terminó Zambada en manos del FBI, y no entender la gravedad de lo sucedido.
Lo paradójico no es que Zambada pudiera acogerse al programa de testigo protegido, como parece asumir López Obrador que así será –al recomendarle públicamente a quien toleró durante el sexenio que declare contra gobiernos anteriores al suyo–, sino lo que hay detrás de la operación ejecutada por la policía federal estadounidense.
Algunas preguntas que el Presidente y su gabinete de seguridad tendrían que estarse haciendo es por qué les han dado información a cuentagotas, y por qué la DEA fue excluida de la operación del FBI.
Aunque no lo vea, hay un común denominador:
Los presuntos nexos que tienen con el Cártel de Sinaloa.
En el caso del gobierno obradorista, su proclividad hacia esa organización criminal, cuyo lugar de nacimiento, Badiraguato, ha visitado seis veces y quería realizar una más antes de concluir el sexenio.
