Primero renunció el gobernador Rocha: 2 de mayo.
Una caída que no le daba más alternativa —él y a los otros nueve— que la de esconderse: ya no se les volvió a ver.
El día 6, la UIF notificó a las instituciones financieras el bloqueo de las cuentas de Rocha, sus tres hijos y los nueve perseguidos por Washington.
Quedaban condenados a vivir ocultos y sin recursos quizá durante un muy largo tiempo.
Ayer se conoció que las autoridades de aquel país mantienen preso desde el lunes 11 al exsecretario de Seguridad, el general Gerardo Mérida, acusado de recibir dinero a cambio de trabajar para criminales de la región.
Y casi de inmediato se supo que tenían también al exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz.
Es el cataclismo de Rocha y de su grupo, que todavía a finales de abril se movían como si la fortuna los fuera a acompañar por siempre.
Hoy en su horizonte sólo parece haber miedo y desesperación.
Su derrota apunta a ser el final del modelo de gestión que, al amparo de una filosofía de no confrontación, optó por abrazar a los criminales, corromperse con ellos y dejar a su merced a los ciudadanos y el territorio que debían proteger.
Creo que así lo está encauzando el gobierno de la presidenta Sheinbaum: como el inexorable fin de una época.
De ser así, estaríamos ante una extraordinaria noticia.
