Culiacán, ajustes de cuentas
Desde que fueron capturados Ismael el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en un rancho cercano a Culiacán, el frágil equilibrio en el Cártel del Pacífico/Sinaloa se alteró.
Pero cuando dos semanas después publicó Zambada una carta donde señaló su vinculación con el gobernador Rubén Rocha Moya y acusó al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán de haberlo traicionado, el mensaje que le dio a sus incondicionales fue de quiénes encabezaban la lista para ser ejecutados.
Desde entonces ha habido diversos enfrentamientos entre las dos facciones de la organización criminal, aunque ninguna había estado tan cerca del entorno más íntimo de Zambada como este lunes en La Campiña, un fraccionamiento en Culiacán, donde vive una parte de su familia directa.
La situación en Sinaloa, particularmente en Culiacán, se está comenzando a desbordar, coincidentemente con el inicio del proceso de Zambada en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, donde será juzgado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Zambada se había resistido a ser trasladado a la corte del juez Brian Cogan, que sentenció a su viejo socio el Chapo Guzmán en 2019, pero el jueves llegó a un acuerdo con los fiscales para ser juzgado en la ciudad de Nueva York.
No han trascendido los términos del acuerdo, pero dada su disposición actual a revelar secretos de Estado, como lo hizo al difundir sus relaciones con políticos sinaloenses, todo puede esperarse de él.
La captura de Zambada cambió por completo la relación formal e informal del gobierno con el Cártel del Pacífico/Sinaloa, que durante el sexenio había sido de tolerancia, laxitud y consideraciones:
- Seis visitas negociadas del presidente Andrés Manuel López Obrador a Badiraguato, la tierra del Chapo.
- Un proyecto hidráulico de envergadura para Sinaloa.
- Y una nueva autopista que conecta el estado con Chihuahua, a través de la sierra que controla la organización criminal y que sirve de ruta de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
A cambio, de acuerdo con informes de áreas de inteligencia de los gobiernos mexicano y estadounidense, de dinero para campañas políticas de Morena.
