Curso escolar 2021 - 2022
El próximo 31 de agosto dará inicio un nuevo ciclo escolar, después de un año y medio de contingencia sanitaria y restricciones de contacto físico y avances en el proceso de vacunación de la población; aún así persisten muchas dudas e incertidumbres alrededor de la seguridad que docentes, personal administrativo y alumnos tienen para regresar al salón de clases.
Sobre las afectaciones académicas y socioemocionales, no hay duda de que la contingencia sanitaria ha causado un enorme daño a la infancia y en especial a las niñas por las carencias y brechas de oportunidad que aumentan como derivado de la educación a distancia tampoco existe desinformación.
Sin embargo, en nuestro país, el retorno a clases presenciales guarda más dudas e incertidumbres que certezas, esto por la falta un política de comunicación y políticas públicas que permitan brindar certeza a los padres de familia sobre la seguridad de los niños en lo que se refiere a la asistencia a clases.
La autoridad es la que se muestra dubitativa y contradictoría, y si a eso le sumamos que la tercera ola de contagios caracterizada por cepas del virus SARS Cov-2 que han mutado y se muestran más agresivas y contagiosas, destaca más la irresponsabilidad relacionada con destacar que los menores de edad no enferman de gravedad en la actual contingencia.
Antes de la tercera ola, se había registrado la muerte de al menos 600 menores de edad. Si bien era cierto que las hospitalizaciones de este grupo poblacional eran ocasionales, conforme la tercera ola fue avanzando, este número se ha ido incrementado sustantivamente y los registros de hospitalizaciones en hospitales pediátricos se muestran al límite de su capacidad.
Si bien es cierto que aún no se han desarrollado estudios suficientes para evaluar el impacto de extender la vacunación a la población entre 12 y 19 años y que se han impuesto como medidas eficientes para evitar el contagio como la sana distancia, la ventilación permanente, el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos, estas simples acciones también exhiben la precariedad de las instalaciones educativas tanto del sector privado como público.
Al respecto, no faltan los reportajes que denuncian el pillaje, vandalización y desmantelamiento de muchos planteles educativos, sobre todo públicos, los que adolecen de la ventilación y de abastecimiento de agua que permitan cumplir mínimamente dos de las tres acciones básicas para protegerse del virus que causa el covid.
Históricamente, los planteles públicos han acentuado la ausencia de servicios públicos necesarios para el desempeño óptimo de su vocación, sin embargo, las escuelas privadas también adolecen de la disposición de infraestructura necesaria para brindar seguridad a los estudiantes y docentes, sobre todo cuando se considera que gran parte de ellas son casas habitacionales que se van adaptando, pero que carecen de espacios idóneos para el desarrollo de actividades físicas.
La contingencia sanitaria ha impuesto un reto mayor a las autoridades educativas, quienes antes que brindar confianza y certeza, se han encargado de ampliar las dudas y temores.
Un retorno a la normalidad se encuentra lejos y quizás no pueda recuperarse. Aspirar a modelos híbridos presenciales a distancia quizá sea el futuro académico, lo cual requiere ajustes y desarrollar mejores modelos para el aprendizaje; lo cierto es que en el inter las brechas de formación irán ampliándose.