Ayer trató al gobierno de Estados Unidos como a un agresor inconsiderado, no como a un aliado en la lucha contra la criminalidad.
Se trata del gobierno al que, sin extradiciones de por medio, le ha entregado a decenas de los líderes criminales más poderosos y violentos de nuestra historia.
Además, hostilizar a Washington de esa manera implicaría terminar convirtiendo al gobernador Rocha en una suerte de símbolo patrio a defender.
La Presidenta le tendió un manto conociendo las cosas que el sinaloense ha hecho y dejado de hacer.
Rechazar la solicitud de extradición estadundinese con razonamientos como los expuestos ayer —tecnicismos sobre la pobre contundencia aportada o la difusión de información confidencial—parece una estrategia suicida.
Y de corto alcance, pues el arsenal del trumpismo —alimentado, entre otros, por los capos que México le entregó— sería, literalmente, inagotable.
Washington expresó ayer desde el Congreso que lo de Rocha y los nueve implicados es sólo el inicio, porque harán rendir cuentas a cada uno de los narcoterroristas y narcopolíticos.
Los días de impunidad han terminado, afirmaron.
Ante ese panorama, la Presidenta blinda al gobernador.
