Guardia Nacional: El Fracaso
López Obrador no confiaba en el Ejército Mexicano. Lo consideraba un enemigo, dispuesto a darle un golpe de Estado y hoy quiere entregar el gobierno a los militares.
Al llegar al poder tomó de Hugo Chávez una idea: crear un ejército personal al margen de la Constitución. Una especie de milicia popular que pudiera, en algún momento, reemplazar a las Fuerzas Armadas.
Quería un cuerpo militar que lo respaldara políticamente y operara como brazo armado de Morena y de la llamada Cuarta Transformación.
Esa es la razón por la cual el uniforme de la Guardia Nacional tiene el águila juarista. Es el logotipo del régimen. No de la República. Tampoco del Estado mexicano.
Se pensó como guardia de un presidente, no de la nación.
Fracasó la Guardia Nacional y ahora quiere desparecerla. Por medio de una intentona golpista a la Constitución quiere adscribirla a la Defensa Nacional y entregar la seguridad pública a los militares.
López justifica la decisión con una mentira: “No quiero que se eche a perder”. Oculta la intención de debilitar al gobierno civil y de fortalecer cada vez más al poder militar.
¿Por qué el presidente quiere que el Ejército investigue a los ciudadanos?
El régimen camina de prisa hacia la militarización del país.
Esta dedicado a poner bajo el control del Ejército y la Marina áreas estratégicas. Lo mismo aduanas que puertos y aeropuertos, la construcción de refinerías, carreteras y corredores interoceánicos. Distribución de medicamentos y vacunas. Y ahora también la seguridad pública.
Lo que sigue es convertir a militares en ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Poner en sus manos la Cámara de Diputados y Senadores. Así, López —como Comandante Supremo— haría realidad su sueño: convertirse en un presidente sin controles, con facultades únicas y absolutas. La reedición de un López de Santa Anna o de un Victoriano Huerta.
La militarización ya llegó a la Cámara de Diputados.
Morena utilizó a la Guardia Nacional para custodiar el asalto a la Comisión de Gobernación. Utilizó a un cuerpo armado para imponer a una diputada como presidenta, cuando la Ley Orgánica del Congreso prohíbe la presencia de la fuerza pública en el recinto.
Al no poder doblar a la oposición y a las voces críticas, el régimen se prepara para imponer por la vía de las armas sus decisiones.
Poner a militares a prevenir, investigar y perseguir delitos del orden común tendrá necesariamente consecuencias para los derechos humanos y la vida democrática del país. Las Fuerzas Armadas operan cada vez más como un brazo político del presidente. Tienden a convertirse en ojos y oídos de un político paranoide que ve enemigos por todas partes.
Tener una policía militarizada, bajo control castrense, representaría una declaración de guerra a las libertades ciudadanas.
López parece andar en busca de la construcción de una policía política con todo el poder de fuego e inteligencia de investigación para inventar culpables, señalar sospechosos y destruir a sus adversarios.
Teme, por lo visto, que Morena sea derrotada en el 24. Podemos estar en vías de que se esté cocinando un golpe de Estado técnico para impedir el proceso electoral y sabotear la alternancia.