La propiedad privada ya está en riesgo

El pasado 2 de Septiembre, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, un Decreto del Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, donde se reforma el inciso A) Numeral 2 del Artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, donde, si bien señala que la Ciudad de México tiene como uno de sus principios el respeto a la propiedad, en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al final de la redacción de la reforma al referido Inciso A), a la letra, señala también que:

“Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes de dominio público, de uso común, Y DEL DOMINIO PRIVADO; ASIMISMO, LA PROPIEDAD EJIDAL Y COMUNAL”.

Sin embargo, si se respeta la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 Constitucional, el cual señala que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, es discutible, legalmente, sustituir ahora a “la Nación” por “la Ciudad de México”.

De hecho, si legalmente se considera correcta esta reforma, fácilmente podría ser ampliada para que a los Estados “se les reconociera la propiedad” no solo de las tierras y las aguas, sino de la riqueza petrolera de la Nación, que ha sido explotada y usufructuada por el Gobierno Federal, (a través de PEMEX) y solo reparte migajas a los municipios donde se lleva a cabo la explotación petrolera, mientras que a los Estados solo hace participable un porcentaje de las aportaciones que le transfiere el Fondo Mexicano del Petróleo, cuyos recursos le son aportados por PEMEX, vía el pago de Derechos.