La Reforma Eléctrica
Durante las últimas semanas se vivieron momentos álgidos referentes a la iniciativa de ley del titular del Poder Ejecutivo Federal, donde se restringía la participación de agentes privados en la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.
Alrededor de dicho proyecto se emitieron una gran cantidad de juicios y opiniones respecto a los alcances y efectos nocivos que tiene dicha iniciativa, no sólo sobre el mercado energético, sino sobre el impacto económico en lo general.
La iniciativa presentada comprende la preponderancia del Estado como organismo central en la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
Al respecto se dijo que dicha iniciativa reclama la soberanía energética de nuestro país y evitar los vaivenes del mercado como sucede en Europa, que han encarecido la electricidad, con ello se busca mantener tarifas relativamente bajas y fortalecer a las empresas productivas del Estado, en este caso la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, los argumentos presentados no son sólidos frente a la evidencia de cifras del mercado, además de que la narrativa que acompaña este proyecto recupera conceptos e ideas, las cuales han dejado de ser atractivas y han mostrado su ineficiencia.
Por ejemplo, la noción de soberanía ha evolucionado y en lugar de concebirse o asociarse con el concepto de autosuficiencia, comprende la capacidad del Estado para asegurar las mejores condiciones vida de sus gobernados, preservando su autoridad y capacidad de intervención para regular y reducir la inestabilidad del mercado.
Por lo que la capacidad del Estado para proveer de energía ya no resulta importante para la idea de soberanía, sobre todo considerando la complejidad y el reto que requiere asegurar el abastecimiento de un servicio estratégico.
Asimismo, el proyecto de iniciativa que ha sido congelado y que se revisará hasta inicios del segundo trimestre del 2022, comprende la eliminación de que agentes privados generen su propia energía eléctrica y el exceso de generación la puedan vender a la CFE y distribuirla a consumidores.
Dicho acto no sólo resulta una seria amenaza a las inversiones que generan empleos y aseguran el suministro y el bienestar de la sociedad en su conjunto, sino que reduce la generación de electricidad limpia o más amable con el medio ambiente, ya que se privilegia la electricidad a través de centrales que basan su funcionamiento en carbón o combustóleo. Para muestra de lo anterior, resultan los elevados índices de polución ambiental que registra la CDMX, derivado del funcionamiento de la central eléctrica en Tula, Hidalgo.
La iniciativa que pretende abaratar tarifas y evitar un desastre energético como ocurre en Europa, omite señalar que gran parte de la crisis energética y elevadas tarifas del servicio, fundamentalmente en España, derivan de la dependencia del gas natural, el cual es suministrado casi en su totalidad por el mercado ruso.
En este sentido, hay que recordar que las propias autoridades energéticas en México han aceptado que la CFE sólo es capaz de generar 48% de las necesidades eléctricas del país, lo cual ha derivado en algunos apagones en ciertas regiones del país.
Actualmente, la CFE es una empresa que reporta balances positivos en lo que a distribución de energía se refiere; sin embargo, esto es gracias a la participación de agentes privados, a quienes con la reforma eléctrica se les busca erradicar del mercado.
En este sentido y al ser la electricidad un servicio estratégico y fundamental para la economía y vital en lo que a la digitalización se refiere, es necesario observar y advertir sobre los riesgos que traería aprobar una iniciativa como la que ha ocupado semanas de discusión y controversia, propiciada de manera insistente y necia por el actual gobierno.