Los incentivos no restauran el estado de derecho

Por más que se le dio el beneficio de la duda a la nueva administración, para pensar que iban a hacer bien las cosas, y corregir el rumbo que el ex presidente López le imprimió al País en el último mes de su mandato, aprovechando la mayoría calificada en el Poder Legislativo, los postulados y las acciones de la nueva administración, se encargan de poner en evidencia que han continuado y profundizado con el desmantelamiento del Estado de Derecho en el País.

Definitivamente, al seguir modificando la Constitución a ritmo acelerado, demuestran no se dan cuenta del daño que le siguen haciendo a la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, al seguir dinamitando el Estado de Derecho y desmantelando contrapesos al Poder Ejecutivo, eliminando órganos autónomos que abonan más a la opacidad, a la falta de transparencia y al poder sin contrapesos.

Por ejemplo, la reciente reforma a los supuestos de la prisión preventiva oficiosa, que con una simple sospecha la autoridad puede privar de la libertad a cualquier empresario, de ninguna manera puede ser nulificada con algún “estimulo” gubernamental, como si ofreciendo celdas Vip, con agua caliente, amenidades y buena comida, la prisión preventiva no importara, amén de que en el inter te pueden rematar tus bienes, aún sin ser declarado culpable, gracias a la Ley de Extinción de Dominio, y si al final de cuentas resultas inocente, todo lo que recibes, es un “Usted disculpe”.

Por otro lado, el gobierno, en su papel de rector de la economía, sin duda puede intentar promover la actividad económica en zonas o regiones menos desarrolladas, a pesar de que la escasa disponibilidad de insumos haga más costoso y más complicado operar ahí, pero si no respetan ni mantienen los estímulos previamente otorgados, como fue el caso de la cancelación de las Zonas Económicas Especiales que la administración de Peña Nieto había decretado desde 2015 y fueron canceladas por López Obrador, la volatilidad y fragilidad que tiene estas disposiciones gubernamentales, hacen más difícil que puedan ser un medio efectivo para reconducir la inversión privada.

Si la científica supiera algo de Economía, sabría que los problemas básicos de Qué, Cómo y Para Quien producir, en una Economía de libre mercado, se contestan así, se produce lo que la gente demanda, al menor costo posible, y para quienes tienen dinero para pagar, mientras la libre competencia se encarga de que quienes produzcan, sean los más eficientes.